La Fiscalía pidió la incautación de bienes de tres imputados en el caso denominado Piscina Olímpica
La Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz que entró en vigencia el 31 de marzo de éste año, se estrenó en Tarija con la imputación formal contra tres ejecutivos de la ex Prefectura de Tarija, actual Gobernación Departamental.La ley anticorrupción incorpora los principios de retroactividad e imprescriptibilidad de los delitos en el manejo de los recursos públicos, y no reconoce ningún tipo de fuero a la hora de juzgar los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito de ex y actuales autoridades.
Cabe recordar que no es el único caso en el que ya se está aplicando la nueva Ley, debido a que surgieron una serie de denuncias por parte del ex diputado Fernando Barrientos en contra del actual gobernador Mario Cossío y el alcalde de Tarija, Oscar Montes, por la expropiación de los terrenos de la Villa Olímpica.
Asimismo, existe otra imputación formal en contra de Cossío por el caso denominado IMBOL SUR, por la compra de cemento asfáltico para el SEDECA, en el que el Ministerio Público solicitó la anotación preventiva de sus bienes, tal cual lo prevé la Ley Anticorrupción, avalada por la Ley 007 de modificación a la Normativa Penal vigente.
En ésta oportunidad el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción presentó oficialmente la imputación en contra de Arturo Lema, Elvira Guillén y Esteban Villena, ex autoridades de la Prefectura del Departamento. Asimismo, la Fiscalía solicitó al juez la incautación de sus bienes y la detención preventiva como medidas cautelares.
El juez cautelar Segundo de Instrucción en Materia Penal, Heby Ponce de León confirmó que la tarde de este martes a las 15.00 horas se presentó la imputación formal en contra de Arturo Lema, ex Secretario General, Elvira Guillén, ex Secretaria de Finanzas y Esteban Villena, ex Secretario de Obras Públicas de la Prefectura de Tarija.
“Se ha imputado por diversos delitos, como ser uno de ellos conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de parte del señor Donoso, quien es al que se ha contratado para la construcción de la piscina. Se tiene uso de influencias, contratos lesivos al Estado, es abundante la documentación que se ha presentado y estamos dentro del término previsto por Ley, es de que me he tomado el tiempo para la lectura de los antecedentes por lo que he señalado la audiencia para las 08.30”, señaló el juez.
La autoridad judicial explicó que cómo se presentó una imputación contra las tres personas, el acto será para los tres, pero especificando en cada caso la conducta de ellos y en que caso de la Ley Penal se subsume. Es decir que se individualizará la participación de cada uno de los imputados y en ese sentido se valorará todo lo que acumuló la Fiscalía durante un año de investigación.
De acuerdo al juez, el artículo 24 del Código Penal habla de la incomunicabilidad, lo que significa que cada sujeto responde por los hechos que cometió. “No olvidemos que en funciones cada coimputado realizaba diversas tareas, vale decir que sus actuaciones son independientes. Hay que analizar de cada uno donde están los indicios que dice la Fiscalía tenerlos y por otra parte evaluar si existen peligros procesales y en función de eso se ha de determinar las medidas cautelares que corresponde”, dijo.
Ponce de León indicó que el Ministerio Público al margen de pedir medidas cautelares de orden personal que es la detención preventiva. También solicitó medidas cautelares reales, como ser la incautación de todos sus bienes, que se encuentra incorporado en la Ley 007 que hace pocos días entró en vigencia.
El monto para la incautación y anotación de bienes recién se lo definirá hoy durante la audiencia, sin embargo el daño económico contra el Estado es fuerte, por lo que la incautación será establecida en función a ese daño y de forma solidaria tomando en cuenta que fueron varias las personas que cometieron el delito contra la Prefectura de Tarija.
Por su parte, el fiscal asignado al caso, Marcos Arce señaló que dado los antecedentes, la gravedad del hecho, los peligros del obstaculización, el posible daño económico, solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 234 y 235 de la norma procedimental.
“La nueva norma procesal penal establece la obligación de la incautación de bienes y retención de fondos bancarios para toda persona que hubiese sido investigada por un hecho de corrupción o que hubiera causado daño al Estado, consiguientemente se ha solicitado esa medida cautelar también”, dijo el fiscal.
Sobre el monto del daño económico causado a la ex Prefectura, Arce explicó que el daño deberá ser establecido a futuro en base a una pericia administrativa y técnica, por cuanto es necesario verificar el uso de los recursos del Estado.
Con relación a la orden de aprehensión señalada en contra de dos personas, el fiscal manifestó que todavía no se pudo dar con el paradero del segundo involucrado, pese a que en reiteradas oportunidades la Fiscalía y la Policía se constituyeron en su domicilio y personas allegadas al sujeto señalaron que desconocen su ubicación.
“Estamos solicitando a los órganos de la Policía Boliviana que procedan a hacer un rastrillaje para determinar cual es la ubicación del mismo, se ha solicitado a Migraciones que informe si el ciudadano hizo abandono del país para ver cuales son las acciones que tomará el Ministerio Público a futuro”, refirió Arce.
Agregó que existen indicios, que deberán ser corroborados con otros elementos de convicción, sobre la participación de otras personas que también son ex miembros y actuales de la nueva Gobernación de Tarija. Estas personas están siendo investigadas para determinar si son responsables o no del hecho, por consiguiente los nombres se mantienen en reserva.
EL NACIONAL quiso conocer la posición de la actual Gobernación con relación a sus ex autoridades prefecturales, y si asumirán algún tipo de defensa. Sin embargo no quisieron referirse al tema, esto debido a que no son parte civil en el proceso que se ventilará hoy en una audiencia de medidas cautelares
De igual manera se sabe que la ex Prefectura como presunta víctima, no se querelló formalmente contra las ex autoridades que supuestamente ocasionaron un daño económico al Estado. No obstante cabe recordar que el caso se rechazó en contra del gobernador Mario Cossío, a quien no se le encontraron indicios del delito cometido por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
DATO
004 Es el identificativo que tiene la Nueva Ley Anticorrupción y que rige desde el 31 de marzo
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