 EL EX PRESIDENTE DEL SENADO, ÓSCAR ORTIZ, HABLÓ ANTE LOS LEGISLADORES Y TRANSMITIÓ LA POSICIÓN DE LOS GOBERNADORES DE OPOSICIÓN. |
• Para el Vicepresidente esos documentos son “ilegales e inconstitucionales”.
• Las regiones plantean una nueva redistribución de los recursos: 50 por ciento para el Estado y 50 por ciento para las entidades autónomas.
• Critican la subordinación de las entidades autónomas a la instancia central del Gobierno, a través de dictámenes previos e incluso invasión de las competencias.
Se avecina un nuevo conflicto con las regiones. Las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Tarija, en manos de líderes regionales opositores al MAS, enviaron el primer mensaje: que los Estatutos Autonómicos aprobados en referéndum entre mayo y junio de 2008 sean incorporados en la Ley Marco de Autonomías. Casi de manera inmediata, el segundo mandatario del Estado, calificó a esos documentos regionales como “ilegales”.
El secretario Departamental de Coordinación Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, dijo que las autoridades de ese departamento, además de Tarija y Beni, defenderán los Estatutos Autonómicos que fueron aprobados en 2008 mediante referéndum por esas regiones cuando conformaron la denominada “media luna” en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Entretanto, el vicepresidente Álvaro García Linera, calificó los documentos como inconstitucionales y al margen de la ley, y sostuvo que en el curso del tiempo esos documentos deben pasar por procesos de legalidad en el marco de la Constitución Política del Estado.
El secretario departamental cruceño y ex presidente del Senado, Óscar Ortiz, afirmó que “en este proyecto de ley no se reconoce la vigencia de los Estatutos Autonómicos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, y esa es una posición de principios que nosotros vamos a defender; sólo el Tribunal Constitucional puede en su momento afirmar si alguna disposición pudiera contradecir la CPE y en ese momento las Asambleas Departamentales revisarán el fallo del Tribunal, pero mientras, los estatutos están vigentes y así deben ser reconocidos, respetados y queremos que se establezca de esa manera en esta Ley”.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
“Más allá de que no estamos de acuerdo con la CPE, como demócratas nosotros la respetamos y la misma reconoce los estatutos, por lo tanto esta Asamblea Legislativa Plurinacional debe hacer respetar la Constitución y hacer que esta ley también reconozca a los estatutos autonómicos”, acotó.
Ayer, la delegación de la Gobernación de Santa Cruz junto a senadores y diputados de ese departamento, anunciaron la presentación de un planteamiento a la Comisión Mixta del Legislativo para esta jornada, en el proceso de audiencias que desarrollarán legisladores de oficialismo y oposición.
Mencionó el tema referido a la distribución de recursos para los gobiernos autónomos. “Este proyecto de ley pretende postergar el pacto fiscal, congelar en la norma la actual distribución de recursos, lo cual no va a permitir que el ejercicio de las actividades autonómicas gocen de los recursos que se necesitan para atender las necesidades del pueblo”.
Ortiz, en representación del gobernador de Santa cruz, Rubén Costas, explicó: “tenemos una propuesta de pacto fiscal, para que pasemos a participar de la siguiente forma: 50 por ciento para el Estado y 50 por ciento para las entidades autónomas, 24 por ciento para los gobiernos municipales, 20 para los gobiernos departamentales y 6 por ciento para las universidades”.
CONTROL CENTRALISTA
Sobre las competencias asignadas y compartidas, dijo que “las competencias exclusivas departamentales están siendo vulneradas por el Gobierno central. Las competencias compartidas que la CPE establece que deben estar a cargo de los gobiernos autónomos, y vemos que el centralismo pretende hacer la ejecución de servicios y no transferir competencias a la Gobernación”.
Finalmente, Ortiz se refirió a los mecanismos de control desde el Gobierno Central y definidos en el proyecto de Ley Marco de Autonomías, donde se mantiene la subordinación en recursos y atribuciones de las administraciones autonómicas.
“El último punto afirma una coordinación sin subordinación, que plantea una subordinación de las entidades autónomas a la instancia central del Gobierno, a través de dictámenes previos e incluso invasión de las competencias de nuestras asambleas legislativas departamentales que estarían siendo atropelladas”, dijo.
ESTATUTOS ILEGALES
Por su parte, el vicepresidente del Estado, Alvaro García, declaró que los Estatutos Autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija son ilegales e inconstitucionales, además que éstos deben ser aprobados por las Asambleas Departamentales electas, no “asambleas puestas a dedo” para pasar a control de constitucionalidad.
“La CPE establece que los estatutos tienen que ser aprobados por asambleas electas por dos tercios y pasar a control de constitucionalidad; cualquier estatuto ya sea que se modifique o corrija debe pasar obligatoriamente por este control”, dijo.
García explicó que “hay una disposición en la Constitución de quién adecua los estatutos a la CPE, sea el borrador previo, la propuesta previa, no lo adecua el Gobernador, lo hace la Asamblea Departamental; ya sea que haya existido un texto previo o no, debe pasar por la asamblea y luego por el control de constitucionalidad”.
Asimismo, aseguró que el 45 por ciento de los recursos totales del Estado están distribuidos entre las nueve gobernaciones de departamentos y los municipios del país, además que 40 por ciento del total de la inversión pública ha sido distribuida en estas entidades, por lo que la disposición de recursos económicos para las regiones es “bastante generosa”.
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