BOGOTÁ (EFE).— La operación militar desarrollada en Libia por una coalición internacional que tiene como cabezas a EU, Francia y el Reino Unido despierta más rechazos que simpatías entre los gobiernos de América Latina, tradicionalmente defensores de la no injerencia y la autodeterminación sin importar su ideología.
Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela han criticado abiertamente la operación bautizada como “Odisea al amanecer”. Colombia, Chile, México, Panamá y Perú la defienden con mayor o menor vigor; Brasil ha adoptado una postura intermedia, como Costa Rica y Honduras, y el resto no se ha pronunciado. La operación está respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la 1,973, aprobada este mes con diez votos a favor, uno de ellos de Colombia, y cinco abstenciones, entre ellas la de Brasil.
Para el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con esa decisión el Consejo de Seguridad muestra que es una “tiranía” y una “dictadura” y deja en evidencia que la ONU debe “democratizarse”. El gobierno de Brasil se abstuvo en la votación de la resolución 1,973, pero, según su cancillería, esa postura “no debe de ninguna manera ser interpretada” como un respaldo a las autoridades libias o “como negligencia” ante la necesidad de proteger a la población civil. El caso de Colombia es el más claro de respaldo a la operación contra Gaddafi. Su representante en el Consejo de Seguridad votó a favor de la resolución. En el lado opuesto está el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien calificó de “inaceptables” las acciones emprendidas por la coalición. Su colega boliviano, Evo Morales, opinó que la ONU debería pasar a llamarse ONI por ser una “organización de naciones invasoras”.
El presidente venezolano calificó la intervención en Libia como una “locura imperial” y el canciller argentino, Héctor Timerman, cuestionó las acciones militares contra Gaddafi con el argumento de que cuando se decidieron “no se habían agotado los medios diplomáticos disponibles”.
El presidente uruguayo José Mujica, consideró que el ataque a Libia es algo “lamentable” y el gobierno de México llamó a las autoridades de Libia “a detener de manera inmediata las violaciones graves y masivas a los derechos humanos de la población civil”; señaló que la resolución 1.973 muestra la determinación de la comunidad internacional para solucionar esta crisis y asegurar que las demandas legítimas de la sociedad civil sean respetadas.
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