"Hemos conocido las irregularidades que ha cometido en la compra de un inmueble de la regional de Oruro, la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, la cual según la (denuncia de) corrupción habría sido contrato lesivo al Estado. La próxima semana vendré a La Paz para pedir al presidente (Evo Morales) de que debe ser cambiada la presidenta de la Aduana", dio a conocer a ANF el secretario ejecutivo del Control Social, Tomás Rojas.
El dirigente sostuvo que la imputación contra Ardaya es prueba suficiente para exigir su destitución, pues es un "documento probatorio de actos de corrupción promovidos por una jefa de la institución".
Rojas, en un contacto con ANF desde la ciudad de Santa Cruz, acotó que para el próximo lunes o martes pedirá, en primera instancia, una reunión con el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, para hacerle conocer esta denuncia.
El pasado 8 de agosto, el Ministerio Público emitió una imputación formal en contra de Ardaya, acusada por la adquisición con sobreprecio de un inmueble para la regional de Oruro.
En esa oportunidad, el presidente del directorio de la ANB, Silvano Arancibia, indicó que el inmueble se compró a un precio de 460 mil dólares, cuando el precio real radicaba en 280 mil dólares.
CONTROL SOCIAL
El 2010, el Gobierno posesionó a 40 representantes de los sectores sociales para que conformen el Consejo Nacional de Control Social, instancia que tiene el objetivo de fiscalizar la gestión pública en todos los niveles del Estado y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos públicos.
De acuerdo al artículo 242 de la Constitución Política del Estado, el Control Social, entre sus funciones, tiene la potestad de formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato y denunciar ante las instituciones correspondientes la investigación y procesamiento en casos que considere conveniente.
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