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Comité Cívico Pro Santa Cruz declaró emergencia institucional y movilización ciudadana |
El comité convocó a una reunión de evaluación sobre la demanda que inicialmente lanzó la ciudad de El Alto, exigiendo el Censo, debido a que cuenta con una población que ya no tiene relación con los datos del Censo de 2001.
Los cívicos llamaron a las autoridades municipales para que proporcionen información y llegaron a la conclusión que necesitan recursos, tomando en cuenta que Santa Cruz, actualmente, tiene una población urbana de 800 mil habitantes más, respecto del Censo de 2001.
Consecuencia de este déficit, Santa Cruz deja de percibir cerca de 25 millones de dólares que el Gobierno Central debería distribuir para cubrir las necesidades urbanas. Sin embargo, reciben los mismos montos otorgados con los resultados de hace once años.
El presidente del comité, Herland Vaca Diez, informó que al margen de la emergencia y estado de movilización, se ha determinado convocar a una cumbre departamental de la institucionalidad democrática y civil para el día sábado 27 de agosto a las 09:00 horas en sus instalaciones.
Los cívicos consideran que no existen mayores razones para postergarlo y en caso de obtener una respuesta negativa del Gobierno central, asumirán decisiones más drásticas porque tendrán que esperar hasta el 2014 para la repartición de recursos financieros.
El concejal Oscar Vargas estimó que los resultados del Censo podrían ser utilizados de manera política por el MAS para, supuestamente, atender las demandas regionales en una época electoral al que ingresará el país el 2014.
Vargas observó que parte del planteamiento cruceño debe ser que el cuestionario tenga preguntas claras de cuántos son y dónde viven los bolivianos, sin permitir cuestiones como la autoidentificación indígena como un derecho a reclamar territorio.
Dijo a manera de ejemplo que si los aymaras o quechuas logran identificarse como una segunda identidad indígena en Santa Cruz, podrían exigir mayores espacios de poder político a nivel municipal o departamental.
El preacuerdo establecido entre el Gobierno y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, es que el Censo está programado para el segundo semestre del 2012, y no en octubre de este año, tal como el presidente Morales lo había anunciado.
El argumento oficial es que la preparación del Censo necesita un tiempo técnico, registro estadístico, la planificación en la inversión, capacitación de al menos 200 mil encuestadores y ejecución de tareas precensales con una inversión de 50 millones de dólares, financiados por el Bando Mundial y una contraparte nacional de 55 millones de dólares.
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