Las víctimas ratificaron su intención de radicalizar la presión si no hay sentencia hasta el 30 de agosto |
El abogado de los dos ex ministros, Ariel Coronado, manifestó que el operativo de traslado del convoy con combustible de Senkata a La Paz, el 11 de octubre, no fue producto del DS que firmaron sus defendidos, sino de otra disposición que podía haber sido una orden directa del Presidente de la República.
Coronado aclaró que el mencionado DS, si bien fue firmado por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 11 de octubre, el último ministro en firmarlo fue el ministro de Educación, Hugo Carvajal, el 12 de octubre, y fue publicado en la Gaceta el 17 del mismo mes; “entonces, mal se puede decir que las muertes del 11 de octubre están vinculadas al decreto”.
El abogado dijo que los acusadores durante ocho años mintieron a los familiares de las víctimas acusando como asesinos a sus defendidos, cuando no había decreto de intervención de las FFAA en el conflicto de septiembre y octubre de 2003.
Asimismo, dijo que el DS 27209 es constitucional porque el propio Tribunal Constitucional, ante un recurso de inconstitucionalidad, resolvió no ingresar en el fondo del asunto sobre una norma jurídica que dejó de tener existencia.
Refirió también que la propia Fiscalía, en su acusación, admitió que Kuajara y Reyes Villa se opusieron al uso de la fuerza en el conflicto, pero los fiscales, en sus alegatos dijeron lo contrario.
Acotó que sus defendidos no están acusados por genocidio, sino por complicidad en homicidio, por el fallecimiento de dos personas, cinco lesionados gravísimos, nueve graves y 22 leves, pero no de los 57 muertos supuestamente provocados en el traslado del convoy de carburantes.
RATIFICAN PLAZO
Por su parte, los familiares de las víctimas ratificaron el plazo hasta el 30 de agosto para que el Tribunal de Juicio dicte una sentencia; de lo contrario, anunciaron presiones radicales con “destrozos, tal vez hasta muertes, estaremos peleando de frente”, advirtió su presidente, Juan Patricio Quispe.
El dirigente denunció que el Gobierno estaría protegiendo a los militares enjuiciados porque las mismas Fuerzas Armadas contrataron a abogados para defender a los ex jefes militares, lo que no ocurre con las víctimas. También calificó como una “traición” a las víctimas de Octubre Negro las declaraciones del presidente Evo Morales que en el aniversario de las FFAA en Tarija habría pedido exoneración de culpa para los militares.
Sobre las advertencias de las víctimas, el ministro Hugo Suárez rechazó cualquier anuncio de plazos para el Tribunal y pidió paciencia a las víctimas. “Lo que pueda pasar afuera significa algún tipo de presión, somos jueces y debemos ser dignos para las partes, no corresponde dar plazos al Tribunal y no es correcto”, sentenció.
Ayer se sumó a la vigilia una representación de los ponchos rojos de La Paz que participó de la audiencia de juicio y pidió al Tribunal celeridad en el trámite del juicio; anunciaron la llegada de más personas.
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