“Hay que promover de alguna forma la industrialización (de la minería) en el país. Una propuesta es dar a las empresas un plazo para incorporarse al proceso de industrialización y pasado ese tiempo cobrar un impuesto a la exportación de concentrados. Otras propuestas establecen que mientras más industrializado esté el mineral menos impuestos o regalías debe pagar el operador”, afirmó.
El primer destino de la producción de concentrados del país, remarcó, “deben” ser primero las fundiciones del Estado y luego las de privados. Cuando esta capacidad de procesamiento haya sido colmada, el excedente de concentrados puede ser exportado.
INGRESOS. Según el Boletín Estadístico Minero Metalúrgico de Enero-Junio 2011 del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), actualmente, el Estado realiza la fundición del 74,49% del estaño metálico que se produce en territorio nacional; del 2,93% del cobre metálico; y del 100% del bismuto.
“Los incentivos planteados son muy importantes y necesarios para que los operadores (mineros) lleguen a la etapa de industrialización (...). Veremos si la propuestas son aceptadas en el sector minero”, afirmó Córdova.
Sin embargo, recordó, los proyectos en minería y metalurgia requieren de un período de “maduración” que oscila entre los cinco a 15 años y los resultados de las medidas que se vayan a implementar en esta gestión no se verán en el corto plazo. Por este motivo, la estrategia para el aprovechamiento pleno de los recursos mineros del país definió otras medidas en el anteproyecto de ley del sector.
El Artículo 116 de la norma establece que “las comercializadoras (de minerales) deberán reconocer explícitamente que el valor de los acompañantes naturales de los principales metales existentes en los concentrados son de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia y, por tanto, deben asumir el compromiso de efectuar su deducción del valor y realizar su correspondiente débito al Tesoro General de la Nación (TGN), una vez cubiertos los gastos de realización”.
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