Brito dijo que la solicitud tendrá que ser considerada de todas maneras por el Tribunal, donde la parte demandante, a través de su abogada Mary Carrasco, anticipó que observará que el hecho de no haberse dictado sentencia es consecuencia de los obstáculos jurídicos planteados por el mismo acusado y por tanto, no es atribuible a la acción de la justicia.
La defensa de Fernández explicó que según la norma, todo detenido preventivo, si en tres años no tiene sentencia, puede acceder a su libertad y defenderse, además consideró que se violan los derechos de Fernández, porque no sólo se niega a cumplir la ley sino que le instalaron dos procesos más en una acción intencionada al ser un político opositor.
El abogado del comité impulsor del proceso, Freddy Panique, reconoció que la detención preventiva fenece al cumplirse los tres años, pero denunció que la defensa del ex prefecto de Pando causó la suspensión de 30 actos procesales, dilatando considerablemente el proceso.
En ese sentido anunció que planteará el rechazo a la cesación de detención preventiva porque las víctimas de la denominada "masacre de Porvenir" en septiembre de 2008, sospechan que hay peligro de fuga.
La semana pasada Fernández fue internado en la clínica policial a consecuencia de los indicios de poliglobulia, y según los médicos el acusado no estaría en condiciones de continuar recluido en la cárcel de Chonchocoro por la altura que afectaría la salud.
Brito dijo que la acción de libertad, además de legal, pretende la preservación de la integridad y la vida de su cliente para que vaya a un lugar más bajo en cuanto a clima se refiere como la cárcel de San Pedro, donde debería guardar detención no por el caso Porvenir, sino por otros dos que el Ministerio de Gobierno reactivó para evitar la libertad, a pocos días de cumplirse los tres años de detención.
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