Representantes de entidades periodísticas y de medios de comunicación denunciaron ante integrantes de la comisión de la CIDH que realiza una visita in loco (presencial) a La Paz y otras ciudades las graves violaciones a los derechos humanos y al trabajo de los periodistas en el país.
Asistieron a la reunión la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, ANPB, Zulema Alanes; el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, APLP, Raúl Peñaranda y la vicepresidenta Gloría Martínez; el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, Jorge Carrasco y el director ejecutivo, Franz Chávez; la representante de la Red de Apoyo y Protección a Periodistas, RAPP, Isabel Mercado; el asesor en temas de protección a periodistas de la Fundación para el Periodismo y del Tribunal Nacional de Ética Periodística, Ramiro Orías; y el expresidente de la ANPB, Pedro Glasinovic.
De parte de la CIDH estuvieron presentes Pedro Vaca, el relator para la libertad de prensa, y la primera vicepresidenta de la entidad, Esmeralda de Troitiño.
La misión de la CIDH hará “énfasis” en la institucionalidad democrática, el acceso y las garantías en la justicia, la población carcelaria y las personas en estado de vulnerabilidad, dijeron sus integrantes al iniciar hoy la visita al país.
De Troitiño señaló al iniciarse la visita que esta “será la oportunidad de cumplir uno de los mandatos para la observancia de los derechos humanos en los países de la región”.
Tras iniciarse la reunión, realizada en un hotel de la zona Sur de La Paz, donde se aloja la delegación, cada uno de los representantes de las entidades periodísticas denunció las violaciones a los derechos humanos que se registran en Bolivia y las presiones que se ejercen contra el trabajo de la prensa.
Alanes fue la primera en hacer uso de la palabra e hizo un repaso de la situación que enfrentan los periodistas. Detalló que estos son objeto de agresiones físicas y verbales, juicios penales por errores administrativos, asfixia económica, intentos de amedrentamiento y otros.
Expresó que según estimaciones de la fundación Unitas, en 2018 se producía una agresión o acto de violencia contra los periodistas cada seis días y ello ha ido agravándose hasta este momento, en el que existe una cada dos días. Antes de la llegada de Evo Morales al poder, los ataques a los periodistas eran inusuales.
Alanes hizo mención a casos como el de Las Londras, donde seis periodistas fueron torturados, secuestrados y forzados a firmar un documento en el que prometían no volver al lugar de la toma de tierras de un grupo afín al MAS, o las golpizas a periodistas de Santa Cruz sucedidas en el segundo semestre de 2022.
Posteriormente, Raúl Peñaranda dio una visión general sobre situación de las violaciones a los derechos humanos en Bolivia y mencionó tres casos específicos: los del dirigente cívico Marco Antonio Pumari, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de la expresidenta Jeanine Añez.
Del primero señaló que es acusado sin pruebas de haber alentado el incendio de Tribunal Departamental electoral de Potosí y que se encuentra con detención preventiva desde hace 15 meses.
Luis Fernando Camacho fue detenido en diciembre del año pasado acusado de un delito inexistente, el supuesto golpe de Estado, algo que se demuestra falso considerando que el propio expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera admitieron haber renunciado antes de la sugerencia realizada por las FFAA en octubre de 2019.
Finalmente, sobre la expresidenta Añez, Peñaranda dijo que la Constitución y las leyes bolivianas establecen que un exmandatario solo puede ser juzgado mediante un Juicio de Responsabilidades y en ningún caso en un juicio ordinario. El presidente de la APLP también dijo que en el país existe casi un centenar de presos políticos.
En la reunión, tras la presentación de Peñaranda, hizo uso de la palabra en representación de RAPP Isabel mercado, quien señaló que el proyecto que dirige está destinado a ofrecer apoyo legal a los periodistas y comunicadores en general que son acosados por el oficialismo o que sienten la presión del gobierno debido a su trabajo.
Contó que incluso para ella es en algunas ocasiones difícil obtener los testimonios de esos colegas puesto que temen ser presa de represalias si es que hacen denuncias públicas.
Siguiendo con ese tema, Orías dijo que es fundamental para la prensa boliviana que se respalden entidades como RAPP y similares, porque los periodistas están totalmente inermes ante las presiones del gobierno.
El abogado, que también es integrante del Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP), destacó esa iniciativa de autorregulación y contó que ya ha emitido más de 120 casos. Informó que al TNEP pueden acudir cualquier persona, como autoridades, otros periodistas, empresarios, etc., si se sienten afectados por el trabajo de los periodistas.
El expresidente de la asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, hizo un repaso de la manera cómo el gobierno amedrenta a los periodistas al identificarlos y calificarlos como opositores.
Recordó que el expresidente Morales calificó como “enemigos” de su gestión a los periodistas cuando ellos, dijo Glasinovic, no son enemigos de nadie excepto de la corrupción y los abusos.
Cerró la ronda de criterios Jorge Carrasco, presidente de la ANP, que aglutina a los diarios y revistas del país, quién hizo énfasis en las presiones de diverso tipo que realiza el gobierno contra los medios, por ejemplo el uso de la oficina de Impuestos Nacionales, además de otras reparticiones.
También denunció la distribución arbitraria de la publicidad estatal como premio a los medios oficialistas y castigo a los medios independientes.
Inmediatamente antes de recibir a los periodistas independientes y los y sus asociaciones ingresaron a una reunión un grupo de periodistas cercano al oficialismo
Esos periodistas autodenominados autónomos realizaron una exposición en la que intentaron explicar y contextualizar Por qué se da la violencia contra los periodistas independientes dijeron fuentes
Antes del ingreso de los representantes de entidades periodísticas, la comisión recibió a un grupo de comunicadores oficialistas o cercanos al gobierno, entre los que destacaban Freddy Morales, de Telesur; Jaime Iturri, de ATB, y Julio Peñaloza, de La Razón.
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