La presidenta del organismo internacional llegó ayer a Santa Cruz para conversar con representantes de instituciones autónomas. Otros cuatro comisionados realizaron en simultáneo visitas a Sucre y Cochabamba. Hubo una protesta
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, aterrizó el martes en la realidad de Santa Cruz, la región del país donde existen quejas por “impunidad” ante las denuncias de vulneración de derechos humanos.
La autoridad llegó junto con su colega Joel Hernández y un grupo de relatores especiales, como Pedro José Vaca Villareal, el especialista en la temática de libertad de expresión para el hemisferio.
Los dos comisionados cumplieron ayer una docena de visitas, mientras que el resto de sus colegas viajó a Cochabamba y Sucre, la sede del Órgano Judicial, para recoger información en el marco de una visita “in loco” sobre la situación de los derechos humanos.
La agenda en Santa Cruz comenzó en Casa de Gobierno donde la misión se reunió con las autoridades de la Gobernación. Más tarde, se trasladaron a la Asamblea Legislativa. La violenta detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de las denuncias de abusos y vulneración de derechos en el contexto del paro de los 36 días que reclamó un censo oportuno.
May Macaulay y Hernández visitaron luego a la familia de Camacho. Allí escucharon lo sucedió el 28 de diciembre, cuando un grupo de agentes encapuchados de la Policía capturó al gobernador de manera violenta. Dos días después, un juez lo envío a la cárcel de Chonchocoro, en La Paz. En el encuentro de ayer también participó el abogado Martín Camacho y el papá de la primera autoridad de Santa Cruz.
El Gobierno dijo, a través de varios voceros, que la operación fue porque Camacho no se presentó a declarar ante el fiscal. La defensa alegó que, desde julio de 2022, se estaba a la espera de una fecha para esa declaración y calificó al operativo de “abusivo e ilegal”.
De hecho, esas operaciones incluyeron desplazamiento de equipos policiales armados y un helicóptero militar para trasladar a Camacho a La Paz con una parada técnica en Chimoré, bastión político de Evo Morales.
Formada en Reino Unido, May Macaulay es una defensora de los derechos de las mujeres reconocida como tal por la Organización de Naciones Unidas.
“Le hemos dado a conocer la violación de derechos que ha sufrido no solo Luis Fernando Camacho, sino toda su familia. Contamos al relator la violencia con la que reprimieron las movilizaciones, la vulneración de derechos y la falta de debido proceso. Esperamos que el informe de la visita a Bolivia que elabore la CIDH sea objetivo e imparcial”, informó Luis Fernando Camacho Parada, el hijo mayor del gobernador en una rueda de prensa.
Ante el clima de opinión que se generó en La Paz por la participación de Hernández en el acto de desagravio a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral de 2019, Camacho Parada se alejó de la ola de críticas y pedidos de destitución que, incluso, salieron desde Creemos, el partido que fundó su padre. “Abusaron de la buena fe del comisionado porque la invitación se la hizo el Estado; es el Gobierno el que tiene la oportunidad de hablar más tiempo con ellos. Ahora, espero que conozca todas las vulneraciones de derechos que hemos vivido como familia”, dijo.
El abogado Martín Camacho precisó que el gobernador fue sometido a prolongados períodos de aislamiento, a pesar de que es un detenido preventivo. Reveló que Régimen Penitenciario tiene una lista de personas que están “habilitadas” para visitarlo y que la maneja de manera discrecional.
Pero antes de la visita a Santa Cruz, los comisionados escucharon al Gobierno. “Describimos de la manera más objetiva posible los actos violentos que se suscitaron en diversas protestas en el país con el objetivo de desestabilizar la gestión del presidente, Luis Arce, por ejemplo, el bloqueo forzoso e infructuoso de 36 días que dejó mucho dolor al pueblo cruceño”, dijo en su momento el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Ayer el asesor de gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, indicó que los comisionados recibieron un informe sobre el origen de las vulneraciones en las que incurrió el Estado y que se dieron ante el desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando Evo Morales perdió la opción de modificar la Constitución y de ese modo prorrogarse en el cargo.
Recordó que en 2019 fallecieron civiles en Montero a manos de organizaciones armadas y lamentó la impunidad en estos casos. Suárez dijo que con el gobierno de Arce estas tensiones se agravaron. Expuso así el “secuestro” de Camacho y defendió la legitimidad de las protestas de 2022.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, informó que la exposición de los legisladores de la región estuvo centrada en la crisis de la justicia. En la reunión de ayer participaron representantes de las tres fuerzas —Creemos, Asip y el MAS— además de un delegado de la bancada indígena.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación con el estado de la democracia en Bolivia no es extraño para nadie que haya una justicia imparcial, una policía que comete abusos y un Gobierno que lo permite, además que no respeta la independencia de poderes que debiera existir”, expresó Matkovic.
Agregó que durante la reunión los asambleístas tuvieron la oportunidad de expresar con ejemplos sus preocupaciones, aunque no se conoció la versión del MAS.
“Espero que esta visita sea de ayuda para que la comunidad internacional conozca los atropellos que el pueblo boliviano viene sufriendo hace años”, añadió, poco después de recordar la detención indebida por 10 años que él sufrió en el caso llamado “terrorismo”.
El legislador Ronny Justiniano hizo conocer la preocupación de las provincias por los avasallamientos de tierras que están ocurriendo en áreas protegidas.
De hecho, mientras se desarrollaba la visita, personas armadas y encapuchadas impidieron que dueños y trabajadores del predio Santagro realicen la cosecha de soya. Existen reportes de tres heridos con contusiones diversas. El caso es parecido al ataque a Las Londras que está impune.
“Fue una reunión corta, pero provechosa. Los comisionados solicitaron más información y han asegurado que todo lo discutido en la reunión será tomado en cuenta en el informe final que elaborarán”, remarcó Matkovic.
Por la tarde, los comisionados se reunieron con la Policía y la Fiscalía, además de funcionarios de las entidades públicas que denunciaron ataques por parte de grupos violentos. También se reunieron con la Defensoría del Pueblo y recabaron reportes por la quema de la sede del Ministerio Público que ocurrió el 28 de diciembre del año pasado.
Al caer la tarde, el expresidente del Comité Cívico Rómulo Calvo se reunió con los comisionados. Señaló que espera que se redacte un informe objetivo e imparcial sobre la base de las constataciones que se hicieron estas horas.
Entre tanto, asambleístas y activistas protagonizaron una marcha contra los abusos de poder y la vulneración de derechos.
Otro grupo de comisionados de la CIDH a cargo de Julissa Mantilla Falcón llegó a Sucre. Se reunió con las altas autoridades judiciales y con el gobernador Damián Condori. “Hicimos conocer la falta de independencia de los poderes del Estado”, comentó Condori.
La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño dirigió, por su lado, la misión en Cochabamba. Allí se reunió con autoridades regionales y con delegados de la Defensoría del Pueblo.
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