La senadora Centa Rek advirtió que la mencionada norma busca poner en vigencia tribunales ordinarios de carácter penal, en supuestos casos de difusión e incitación al racismo o la discriminación. - Las asociaciones de periodistas consideran que el artículo 281 del proyecto de ley en cuestión contraviene lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta.
La senadora de oposición Centa Rek advirtió ayer que el proyecto de Ley N° 305 de «cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos», eliminaría la vigencia de la Ley de Imprenta, constituyéndose en una ley mordaza en contra de la prensa del país.
Rek precisó que el parágrafo III del artículo 281 Septies, del proyecto de ley tiene el objetivo de dejar de lado los Tribunales de Imprenta para ser suplantados por tribunales ordinarios de carácter penal, en supuestos casos de difusión e incitación al racismo o la discriminación.
«El parágrafo III va directamente para la prensa como una ley mordaza, y sostiene: ‘Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno’. Definitivamente con esto, podemos llamar a esta ley, entre otras cosas, una ley mordaza», advirtió la legisladora por Santa Cruz.
Rek sostuvo que ese proyecto de ley es totalmente persecutoria, «candado», por lo que alertó a los medios de comunicación y a la ciudadanía que reviste este proyecto de ley que pretende silenciar a la sociedad.
La legisladora, también se refirió al parágrafo II del citado artículo 281, que constituiría un artículo para acallar a parlamentarios, asambleístas y otros servidores públicos cualquiera sea su rango o jerarquía, ya que la misma prevé el agravamiento de las sanciones en un tercio en el mínimo y una mitad en el máximo, e inhabilitación de uno (1) a tres (3) años.
Rek, reiteró que continuará revisando y denunciando cada uno de los artículos de este proyecto de norma que «busca todo lo contrario a lo que señala su nombre, ya que su objetivo es convertirse en un instrumento violatorio y persecutorio de todo grupo social organizado y para la sociedad boliviana en su conjunto».
PROYECTO
Articulo 281 Septies (difusión e incitación al racismo o la discriminación).
I. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio:
a) Difunda ideas basadas en la superioridad racial;
b) Promueva y/o justifique el racismo toda forma de discriminación;
c) Pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios;
d) Incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios
II. La sanción será agravada en un tercio en el mínimo y una mitad en el máximo, e inhabilitación de uno (1) a tres (3) años, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público cualquiera sea su rango o jerarquía.
III. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno».
REACCIONES
La Asociación de Periodistas de La Paz rechazó el contenido del parágrafo III del artículo 281 (VII), del proyecto de ley N° 305 sobre «Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos».
El artículo mencionado contraviene lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta y solamente está destinado a intentar atemorizar a los periodistas, dijo Raúl Peñaranda.
Sostuvo que actualmente, los periodistas y trabajadores de medios de comunicación deben ser juzgados mediante Tribunales de Imprenta, según la ley que rige al trabajo del periodismo. No pueden ser juzgados en tribunales ordinarios por hechos producidos en el accionar de su profesión.
«No es que los periodistas estemos en contra de la lucha contra la discriminación y el racismo, porque además todo ello ya está establecido en la Constitución. El problema es que esas figuras son tan vagas que pueden ser utilizadas contra los periodistas, peor aun considerando que jueces y fiscales son en los hechos trabajan como si fueran funcionarios del Ejecutivo», expresó.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas también expresaron su rechazo al proyecto de ley N° 305 sobre «Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos» porque consideran que el artículo 281 vulnera la Constitución Política del Estado. La propuesta plantea que los trabajadores y propietarios de medios de comunicación no pueden alegar ningún fuero si cometen delitos de difusión e incitación al racismo o a la discriminación.
«Denunciamos que la referida ley 305, es otro intento de imponer una «ley mordaza», con la única intención de coartar la libertad de prensa y amedrentar a las y los periodistas que según la Ley de Imprenta no pueden ser juzgados en tribunales ordinarios sino por Tribunales de Imprenta», afirma el gremio de periodistas.
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