Los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga, todos del gobierno de Jeanine Añez, fueron sentenciados a 5 años y 4 meses de prisión por haber internado al país, de manera irregular, gases lacrimógenos desde Ecuador.
La determinación fue asumida por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz que los declaró culpables por el delito de incumplimiento de deberes.
Según la resolución, los exministros de Añez deberán guardar detención preventiva en los penales de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, ambos en la sede de gobierno.
“Cumplimos con el pueblo boliviano por los lamentables hechos ocurridos en año 2019 (sic)”, publicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
En el caso gases lacrimógenos, Héctor Pérez Ortiz, un militar asistente del exministro de Defensa, recibió una condena de tres años y cuatro meses de prisión en la cárcel de San Pedro.
El excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, también se encontraba procesado, sin embargo, la autoridad jurisdiccional dispuso una condena absolutoria debido a que las pruebas “no han aportado lo suficiente” para que sea sentenciado, informó su abogado Francisco Romero.
La investigación estableció que, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre los Murillo, López, Lizárraga, entre otros, se tomó contacto con la Policía de Ecuador y se acordó la entrega de armamento no letal a Bolivia en calidad de préstamo.
Tres días después, acontecieron hechos luctuosos con un saldo de 11 personas en Senkata, El Alto. El Gobierno de Luis Arce denunció que el armamento fue utilizado para esa represión.
Los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302; 2.389 proyectiles de largo alcance, calibre 37 milímetros; 560 proyectiles de corto alcance, calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores, de acuerdo con datos de la Fiscalía.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, resaltó la sentencia y consideró que representa un “hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad”.
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