Uribe. El Fiscal General pide proceso penal contra Llorenti, Nina y 2 jefes policiales
El fiscal general, Mario Uribe, remitió una orden a la Fiscalía de La Paz para que se procese penalmente al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y a tres jefes policiales por el caso del linchamiento de cuatro policías suscitado en ayllus de Potosí.
“Respecto a las autoridades denunciadas, se ha remitido con una orden expresa en sentido de que se abra el proceso penal correspondiente a la ciudad de La Paz contra el Ministro de Gobierno, el Comandante de la Policía (Óscar Nina) y los comandantes departamentales de Potosí y Oruro (Orlando Ávila y Mario Hinojosa)”, informó Uribe, ayer en Sucre.
Luego de que el partido opositor Unidad Nacional (UN) presentara una denuncia contra estas autoridades, la Fiscalía General dio curso para que éstas sean investigadas por los delitos de omisión, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y encubrimiento. “Ya se envió el respectivo requerimiento a la Fiscalía de Distrito de La Paz y ya se debe iniciar el proceso”, dijo el fiscal Uribe.
Sin embargo, hasta el mediodía de ayer el fiscal de Distrito de La Paz, Williams Dávila, no había recibido la notificación del caso. “No tengo nada hasta el momento”, afirmó.
Asimismo, Uribe explicó que como la denuncia también era contra los comunarios de los ayllus de Uncía que tuvieran algún grado de participación en la muerte de los uniformados, se iniciará un proceso en Potosí.
El lunes, los diputados Jaime Navarro y Elizabeth Reyes (ambos de UN) presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía. Tras esa decisión, el Ministro de Gobierno declaró no sentirse preocupado y cuestionó la ausencia de los congresistas en Uncía durante los días en que se reportó la desaparición de los cuatro policías.
Tanto la Iglesia como el Defensor del Pueblo aseveraron en diferentes oportunidades que las autoridades de Gobierno y policiales no actuaron a tiempo para rescatar a los efectivos.
Las críticas subieron de nivel al conocer que uno de los efectivos muertos, el suboficial Nelson Alcócer, habría perdido la vida el 30 de mayo, seis días después que sus tres camaradas y mientras el Ejecutivo negociaba con los ayllus. El 23 de mayo, Alcócer junto a Rubén Cruz, Esteban Alave y Miguel Ángel Ramos fueron retenidos por comunarios de los ayllus de Uncía. Días después se conoció que los cuatro habrían sido torturados y ejecutados.
Las autoridades indígenas denunciaron, por su parte, que los uniformados les habrían extorsionado a bordo de un vehículo indocumentado.
En la zona se tenía el antecedente de la muerte de Adalid Estapa, un conductor de taxi que presuntamente habría sido asesinado por policías.
Denuncias de narcotráfico
Denuncias de narcotráfico
La Razón recogió diferentes denuncias de pobladores de Uncía y fuentes policiales sobre la existencia de fábricas de cocaína y el tráfico de la misma cerca de Cala Cala.
Sólo el Comando se pronuncia al respecto
Sólo el Comando se pronuncia al respecto
Tras la determinación de la Fiscalía General de procesar a autoridades de Gobierno y policiales, sólo el Comando Nacional de la Policía, a cargo de Óscar Nina, se pronunció al respecto.
Una fuente del Comando Nacional informó a La Razón que el jefe policial se presentará a cualquier requerimiento judicial, mientras haya una autoridad competente que indague el caso.
Este medio intentó conocer la respuesta del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, sin embargo, desde el despacho gubernamental se informó que la autoridad se encontraba en constantes reuniones y que no saldría nada oficial hasta que sea notificado.
Junto al general Nina, los ex comandantes departamentales de Oruro y Potosí, coronel Mario Hinojosa y Orlando Ávila, respectivamente; también serán procesados por un investigador de materia adscrito a la Fiscalía de Distrito de La Paz.
Ambos jefes policiales habrían incurrido en omisión luego de conocer que cuatro efectivos de la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) habían sido retenidos por comunarios de los ayllus potosinos. Este medio llamó a ambos, empero, uno de los celulares estaba apagado y en el otro no se tuvo respuesta.
Villena dice que Ejecutivo actuó con demora
Villena dice que Ejecutivo actuó con demora
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, se presentó ayer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para entregar su informe de los hechos de Uncía. Afirmó que el Ejecutivo actuó con retraso.
“Nuestra apreciación sobre el papel del Ministerio de Gobierno tiene que ver con la demora, una respuesta lenta que debía en su momento tener, un movimiento diferente porque se trataba de vidas que habían sido segadas de manera violenta”, afirmó Villena.
En el informe, se recomienda a Llorenti y al viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, que “formulen y ejecuten una política de seguridad pública intercultural con los comunarios en el idioma que practican para precautelar el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.
Para hoy, se prevé la necropsia de los cuatro uniformados.
Para hoy, se prevé la necropsia de los cuatro uniformados.
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