La justicia en nuestro país, nunca como ahora, ha adquirido notoriedad por el cúmulo de procesos que no están en contra de gente pobre y sin influencias, sino más bien en casos en los que están involucrados ex funcionarios de Estado, acusados por una gama inacabable de delitos, desde corrupción, no cumplimiento de sus funciones, hasta casos de confrontación armada, como lo fue el de Pando. Existe en proceso un juicio de responsabilidades al ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus inmediatos colaboradores, por el genocidio en contra de ciudadanos alteños; contra el ex Prefecto de Pando, por la supuesta masacre de humildes campesinos en la región de El Porvenir; contra ex prefectos y actuales gobernadores de la media luna; así como contra Alcaldes, como el de Sucre, por los vejámenes a campesinos en la ciudad de los cuatro nombres; contra una ex Ministra por favorecer a una empresa de juegos de azar; contra un ex Presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, por actos en contra de la economía de esa empresa y del Estado; contra varios ciudadanos presuntamente comprometidos en el caso de terrorismo descubierto en Santa Cruz, con intenciones de iniciar la desmembración de la Patria.
Seria muy largo continuar con la lista de procesos, a los que algunos sectores los miran como persecución política, tratando de ligar claros actos delincuenciales o de corrupción con las acciones del Gobierno, ya sea nacional como regional, protagonizadas por el régimen del cambio en contra de sus enemigos políticos.
Pero lo cierto es que los delitos han sido públicos, es decir han sido conocidos y vividos en su momento por todos los ciudadanos, gracias a los medios de comunicación, los que informaron en su oportunidad, en forma directa, sobre determinados acontecimientos luctuosos, en los que los protagonistas se identificaron plenamente, seguramente creyendo que sus acciones tendrían el manto de la impunidad.
En muchos casos continúan las investigaciones de los fiscales, en otros los procesos ya se encuentran en las puertas de los juzgados y de los juicios orales, pero la acción de los defensores dilata los procesos, así como la misma actividad política, la que tiende a desvirtuar las acusaciones y convertir a los acusados en víctimas del sistema.
La lógica y las leyes nos obligan a presumir la inocencia de los inculpados, que sigue hasta ahora en el Ministerio Público, mientras la justicia no demuestre lo contrario, la que tiene reglas claras que emanan solamente de la Constitución Política del Estado y de los códigos, ya sean éstos civil o penal.
La población nacional sigue de cerca la actividad intensa de los fiscales de todas las materias, asignados a cada caso, así como de abogados tanto de la acusación como de la defensa, que se ponen en la mira de la opinión pública, la que espera que estos procesos no rebasen de los estrados judiciales y no tengan la acostumbrada influencia del poder político o del económico, y se manejen en el marco de la imparcialidad por parte de los jueces, los que están obligados a respaldar sus actos y sus conclusiones, sólo por efecto de la Ley.
Sin embargo de la gravedad de lo expuesto, se nota que pese a la designación de los magistrados mediante el dedo del presidente, la justicia sigue lenta, es más creemos que esta detenida, como es el caso de Tarija en que renunciaron jueces, vocales y se suspendieron fiscales, notándose el poco interés de todos en dar soluciones claras, pese a los amagos de exámenes de competencia o de concursos de méritos.
La ciudadanía, en estos casos, se pregunta que ocurrirá si estos espacios jurídicos siguen vacíos, será que deberemos recurrir a los ayllus para que prime la justicia comunitaria?
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