La bancada de la agrupación Verdes junto al Frente Amplio anunciaron ayer que bloquearán cualquier intención de suspender al gobernador Rubén Costas y reelegir una nueva autoridad en Santa Cruz, asegurando que cumplirán la Constitución Política (CPE) donde establece que sólo puede ser suspendido por sentencia ejecutoriada. Sin embargo, el Gobierno ya habla de una suspensión por acusación formal, explicando que no les interesa una retractación sino llegar al final del juicio.
Mientras que el acoso contra el gobernador cruceño aumenta. Ayer no sólo se presentó la denuncia formal por desacato de la Vicepresidencia contra Costas, en la Fiscalía de Distrito de La Paz, sino que también el asambleísta departamental del MAS, Lucio Vedia, pidió su renuncia por malversación del IDH y otorgó un plazo de siete días, de lo contrario iniciará movilizaciones para tomar la Gobernación. Otro de los frentes es el proceso por el referéndum del estatuto, que ya provocó que Costas esté arraigado y haya una imputación formal contra 23 personas entre secretarios, asambleístas y ex consejeros.
“Me tiene sin cuidado, para mí el proceso que me hagan es como el proceso que tengo por el referéndum, es una bendición, es un orgullo y si ahora me citan por desacato, situación que en los países civilizados ya no existe porque es coartar la libertad de expresión, es por denunciar algo, no hay que tener miedo”, respondió Costas ayer mientras entregaba un sistema de agua potable en la Villa Primero de Mayo, aclarando que inventarán juicios y pruebas porque no se lo pueden llevar ni por terrorismo ni por narcotráfico.
En tal sentido aseguró que más que “equivocaciones o no” en sus declaraciones o “si dijo y luego se desdijo” está la defensa de los principios y la legitimidad que tiene del voto.
Este mismo argumento tiene la bancada de Verdes en la Asamblea Departamental, aclarando que Costas fue elegido por cinco años con el apoyo de más del 52% de los cruceños. “Los del MAS se dejan traicionar por sus instintos voraces y políticos, no hay tal cosa que se va llevar una suspensión dentro de la Asamblea, lo que hay es una Ley Inconstitucional abusiva que le da la posibilidad a un fiscal de suspender a cualquiera de los gobernadores por una acusación formal”, dijo Javier Limpias.
La misma posición asumieron los asambleístas Delmar Méndez y Rose Mary Sandóval, quienes no quisieron adelantarse a una posible suspensión, pero dejaron en claro que Costas tiene la legitimidad y que no procederá ningún proceso. Estos asambleístas ya recibieron su notificación de imputación formal por el referéndum por los Estatutos y aseguraron que se defenderán de forma colectiva por un segundo proceso.
La directiva de la Asamblea ofreció su respaldo moral y asesoramiento legal no sólo al Gobernador sino a los asambleístas y ex consejeros que enfrentan una demanda, informó el presidente Alcides Villagómez.
Desde el inicio de semana Costas y el vicepresidente Álvaro García Linera se enfrascaron en una guerra verbal que empezó cuando García Linera amenazó con cárcel a los autonomistas y el gobernador cruceño lo vinculó con el narcotráfico, terrorismo y corrupción.
La denuncia, que fue presentada por el secretario de la Vicepresidencia Héctor Ramírez, es utilizada por el Gobierno para abrir la posibilidad de una suspensión de Costas, en cumplimiento a la Ley de Transición Autonómica en su artículo 8, que señala que por simple acusación formal puede suspenderse.
“El desacato es un delito contra la función pública, es un delito contra la autoridad legal y democráticamente constituida y elegida, y no procede la retractación. La única forma de acabar este proceso es mediante la sentencia judicial”, dijo el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
Mientras que el fiscal de distrito de La Paz, Willams Dávila, confirmó que el delito es de acción pública y que no procede la retractación. Añadió que se conformará una comisión de fiscales para investigar y que posiblemente sea convocado el propio Vicepresidente. La juez del caso es Rosario Benegas. ED/ Agencias
Mientras que el acoso contra el gobernador cruceño aumenta. Ayer no sólo se presentó la denuncia formal por desacato de la Vicepresidencia contra Costas, en la Fiscalía de Distrito de La Paz, sino que también el asambleísta departamental del MAS, Lucio Vedia, pidió su renuncia por malversación del IDH y otorgó un plazo de siete días, de lo contrario iniciará movilizaciones para tomar la Gobernación. Otro de los frentes es el proceso por el referéndum del estatuto, que ya provocó que Costas esté arraigado y haya una imputación formal contra 23 personas entre secretarios, asambleístas y ex consejeros.
“Me tiene sin cuidado, para mí el proceso que me hagan es como el proceso que tengo por el referéndum, es una bendición, es un orgullo y si ahora me citan por desacato, situación que en los países civilizados ya no existe porque es coartar la libertad de expresión, es por denunciar algo, no hay que tener miedo”, respondió Costas ayer mientras entregaba un sistema de agua potable en la Villa Primero de Mayo, aclarando que inventarán juicios y pruebas porque no se lo pueden llevar ni por terrorismo ni por narcotráfico.
En tal sentido aseguró que más que “equivocaciones o no” en sus declaraciones o “si dijo y luego se desdijo” está la defensa de los principios y la legitimidad que tiene del voto.
Este mismo argumento tiene la bancada de Verdes en la Asamblea Departamental, aclarando que Costas fue elegido por cinco años con el apoyo de más del 52% de los cruceños. “Los del MAS se dejan traicionar por sus instintos voraces y políticos, no hay tal cosa que se va llevar una suspensión dentro de la Asamblea, lo que hay es una Ley Inconstitucional abusiva que le da la posibilidad a un fiscal de suspender a cualquiera de los gobernadores por una acusación formal”, dijo Javier Limpias.
La misma posición asumieron los asambleístas Delmar Méndez y Rose Mary Sandóval, quienes no quisieron adelantarse a una posible suspensión, pero dejaron en claro que Costas tiene la legitimidad y que no procederá ningún proceso. Estos asambleístas ya recibieron su notificación de imputación formal por el referéndum por los Estatutos y aseguraron que se defenderán de forma colectiva por un segundo proceso.
La directiva de la Asamblea ofreció su respaldo moral y asesoramiento legal no sólo al Gobernador sino a los asambleístas y ex consejeros que enfrentan una demanda, informó el presidente Alcides Villagómez.
Desde el inicio de semana Costas y el vicepresidente Álvaro García Linera se enfrascaron en una guerra verbal que empezó cuando García Linera amenazó con cárcel a los autonomistas y el gobernador cruceño lo vinculó con el narcotráfico, terrorismo y corrupción.
La denuncia, que fue presentada por el secretario de la Vicepresidencia Héctor Ramírez, es utilizada por el Gobierno para abrir la posibilidad de una suspensión de Costas, en cumplimiento a la Ley de Transición Autonómica en su artículo 8, que señala que por simple acusación formal puede suspenderse.
“El desacato es un delito contra la función pública, es un delito contra la autoridad legal y democráticamente constituida y elegida, y no procede la retractación. La única forma de acabar este proceso es mediante la sentencia judicial”, dijo el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
Mientras que el fiscal de distrito de La Paz, Willams Dávila, confirmó que el delito es de acción pública y que no procede la retractación. Añadió que se conformará una comisión de fiscales para investigar y que posiblemente sea convocado el propio Vicepresidente. La juez del caso es Rosario Benegas. ED/ Agencias
Conflictos por la Ley con que se juzga y retractación
El presidente del Colegio de Abogados en Santa Cruz, Ángel Paz, explicó que la suspensión del gobernador Rubén Costas se aplicará de acuerdo a la Ley por la cual sea juzgado.
En la Constitución Política sólo procede la suspensión de los derechos políticos por tomar armas y prestar servicios a la Fuerzas Armadas enemigas en tiempo de guerra, por defraudación de recursos públicos y por traición a la Patria, donde no procedería la suspensión, sin embargo en la Ley Transitoria Autonómica en el artículo 8 señala que a simple acusación formal se podrá dar esta figura jurídica.
En cuanto si procede o no la retractación el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, sostuvo que será de acuerdo a la interpretación del juez, debido a que si se toma como un delito de acción privada procede la retractación, que está como delitos al honor, pero en el caso del desacato se encuentra en el Código Penal en otro capítulo de particulares donde se convertiría un delito de acción pública y no procedería la retractación hasta que termine el juicio.
Estas dos figuras están aún en debate.
En la Constitución Política sólo procede la suspensión de los derechos políticos por tomar armas y prestar servicios a la Fuerzas Armadas enemigas en tiempo de guerra, por defraudación de recursos públicos y por traición a la Patria, donde no procedería la suspensión, sin embargo en la Ley Transitoria Autonómica en el artículo 8 señala que a simple acusación formal se podrá dar esta figura jurídica.
En cuanto si procede o no la retractación el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, sostuvo que será de acuerdo a la interpretación del juez, debido a que si se toma como un delito de acción privada procede la retractación, que está como delitos al honor, pero en el caso del desacato se encuentra en el Código Penal en otro capítulo de particulares donde se convertiría un delito de acción pública y no procedería la retractación hasta que termine el juicio.
Estas dos figuras están aún en debate.
acoso
Por el referéndum dos procesos. La Fiscalía General abrió una investigación por el referéndum por los Estatutos Autonómicos a denuncia de la Contraloría General que terminó archivando el caso. La segunda investigación se abrió en Santa Cruz a denuncia del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que arraigó a Costas y el pago de una fianza de Bs 100 mil.
Malversación de fondos. La Contraloría denunció malversación de fondos por el IDH y el asambleísta departamental del MAS, Lucio Vedia se unió a una denuncia de malversación por más de Bs tres millones en siete obras.
Malversación de fondos. La Contraloría denunció malversación de fondos por el IDH y el asambleísta departamental del MAS, Lucio Vedia se unió a una denuncia de malversación por más de Bs tres millones en siete obras.
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