Bolivia, Santa Cruz, 20 de Enero(elSistema.info).- Familiares de Juan Carlos Gelafio Santiesteban y Alcides Mendoza quienes supuestamente habrían sido vinculados a la banda de terroristas, desarticulada el pasado 16 de abril del 2009, acudieron este miércoles a la Brigada Parlamentaria con el objeto de solicitar a los legisladores realizar una investigación al Fiscal Marcelo Sosa y esclarecimiento del caso.Iliana Stroedel, Madre de Santiesteban a tiempo de pedir justicia indicó “hemos venido aquí a la Brigada Parlamentaria para pedir a los diputados que investiguen la veracidad del Fiscal Sosa, quiero justicia, mi hijo está un año y 8 meses en la cárcel y no sé cuál es el motivo”.
Por su parte Martha Landívar, esposa de Santiesteban se refirió a la situación de salud de su esposo a causa de las torturas y malos tratos.
“Van a juzgar a mi esposo por vender un arma del año 1947 en mal estado, si eso está tipificado en la constitución que lo juzguen, pero que lo juzguen donde le corresponde, en Santa Cruz, mi esposo está en la ciudad de La Paz, su situación de salud está empeorando cada día”, subrayó
Por su parte la hermana de Alcides Mendoza, dijo “Para nosotros ese video es genuino, nosotros no vamos a parar hasta que se haga justicia, nos preguntamos si la acusación de una persona que ha sido sobornada es válida para el Fiscal Sosa”.
Por su parte, la diputada de Unidad Nacional, María Cristina Viscarra Gil, denunció la intención del gobierno de amedrentar a la prensa y periodistas en particular a Jhon Arandia, quien fue conminado por el Fiscal Marcelo Sosa a revelar la fuente del video que muestra el soborno a Villa Vargas, denominado “El Viejo”.
Viscarra sostuvo que como diputada y periodista de profesión no era indiferente al abuso por parte del gobierno al periodista Jhon Arandia, lo que la obligó a denunciar la intención del gobierno, a través de su Fiscal, Marcelo Sosa, de amedrentar a la prensa y a los periodistas.
La parlamentaria a tiempo de cuestionar la actitud del Fiscal Sosa lo conminó a responder sobre al tratamiento diferenciado y parcializado con respecto otros videos sobre el caso Rozsa.
Recordó al Fiscal que no sólo las leyes bolivianas a través de la Ley Imprenta en su artículo 8, protege el trabajo del periodista y sus fuentes de información sino que también la Declaración de derechos humanos en su artículo 19 protege la investigación, recepción y difusión de documentos y opiniones.
Finalizó “No debemos perder el tiempo en cuestionarnos quién envió el video y con qué motivo, eso es chisme de peluquería, lo que importa es qué contiene el video, qué devela el video, eso es lo que nos tiene que importar”.
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