¡Cómo pasa el tiempo! La Ley de Participación Popular está próxima a los 20 años; toda una generación de munícipes desarrolló su trabajo de forma autónoma y a través de la planificación participativa. Con la perspectiva que da el tiempo, fue la medida más revolucionaria del último cuarto de siglo. Sin embargo, actualmente está cercada por diferentes acciones centralistas, un retroceso a lo avanzado.
La aprobación de la LPP en marzo de 1994 sorprendió a los propios beneficiados que recibieron con dudas la decisión del poder central de entregar recursos del Tesoro Nacional, de forma proporcional, hasta al último rincón del extenso territorio boliviano. Aunque la medida respondía a una larga demanda sobre el fortalecimiento del poder local, pareció una dádiva sospechosa pues llegaba sin confrontaciones violentas.
A los pocos meses comenzó una lenta pero progresiva apropiación de la medida, sobre todo en municipios rurales y/o indígenas. Aquellas estructuras que languidecían en medio del olvido, adquirieron una importancia real porque tenían institucionalización (elecciones universales y normativa pertinente); valorizaban a legal las organizaciones más ancestrales; y, recibían recursos económicos, podían planificarlos y ejecutarlos de manera directa, junto al control social.
Fue entonces que comenzaron a consolidarse las candidaturas ajenas a los partidos tradicionales, o -mejor dicho- a las herencias centenarias de acceder al poder político. También fue el umbral de presencia indígena rural en el Palacio de Gobierno.
Otro asombro fue la visión estratégica de la medida, desde la sociedad civil más que desde el estado caduco. Quizá fue el tejido interno el que dio esa trascendencia novedosa. Los ejecutores de la LPP fueron intelectuales conocedores del país, una buena mayoría cruceños y varios tarijeños que tenían la experiencia práctica y teórica de mirar a la nación desde la región.
Fue el momento de apogeo de la cooperación internacional que encontró en el modelo municipal boliviano un campo fértil para apoyar el desarrollo de herramientas y metodologías. Fue también una ocasión propicia para acompañar la agenda internacional que tenía como una de sus metas a la descentralización, sobre todo en la extensa y desvertebrada América Latina.
Al calor de la Participación Popular se crearon expertos en poder local (municipalistas), variopintas organizaciones no gubernamentales y se publicaron incontables libros, folletos, programas radiales, debates. Misiones bolivianas viajaron a Centroamérica, al sur de África a exponer los éxitos, desafíos y obstáculos del modelo.
Tanta esperanza no fue del gusto del político tradicional altoperuano. Los primeros en intentar sofocar al desarrollo de la PP fueron izquierdistas aliados con partidarios de un ex dictador aprobando leyes anodinas como la “Ley Corazón”. Otros problemas eran inherentes al desarrollo de la PP como la falta de experiencias administrativas, la corrupción “democratizada”, la coptación del control de vigilancia.
Más aún, las últimas normas sobre municipios parecen el diseño de una contrareforma. No sólo por el cerco a alcaldías con mayoría opositora y un fomento a lo no institucional, sino porque se cercena la base del poder local, la autonomía.
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