Carlos Álvaro/Capitalmadrid.com – Acuciado por la necesidad de impulsar el sector de hidrocarburos, en el que la inversión exterior ha mermado tras la aplicación de la política de nacionalizaciones decretada por el presidente Evo Morales, el Gobierno boliviano acaba de anunciar que devolverá a las empresas privadas la totalidad del dinero invertido en exploración siempre que encuentren hidrocarburos.
Con este incentivo, que alcanza sólo a las inversiones prospectivas que den resultados positivos y deriven en contratos de explotación de nuevos yacimientos, La Paz ratifica un acicate a la inversión foránea que sopesaba desde fines de 2010 como parte de un plan aún no definido para reanimar una actividad clave para la economía. La española Repsol es una de las compañías potencialmente beneficiadas por el nuevo aliciente económico.
De momento, sin embargo, la medida es el único estímulo concretado por el Gobierno izquierdista de Morales desde que anunciara a principios de año que estudiaría formas de alentar unas inversiones que hace apenas dos años comenzaron a recuperarse débilmente tras hundirse por la nacionalización del sector petrolero en 2006. Con la decisión de hacer énfasis en la exploración, Bolivia busca tanto mecanismos para elevar la producción de hidrocarburos y resolver el déficit (la industria estatalizada no satisface la demanda interna de combustibles) como aumentar unas reservas de gas en declive.
Las autoridades están nerviosas por la situación de los hidrocarburos, especialmente por el estado de las reservas y producción de gas, principal producto de exportación y que en 2010 aportó al Fisco 1.688 millones de dólares, de los que sólo 23 millones fueron destinados a exploración.
Un informe de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía acaba de advertir que, al actual ritmo de declive de los campos petrolíferos, la producción de crudo se agotará en cinco años, ahondando la dependencia de la importación de combustibles. La producción de petróleo en 2010 fue de 4.699 barriles diarios y se prevé que este año baje a 4.038. Y el bombeo global de hidrocarburos líquidos (crudo, condensado y gasolinas naturales) es de 40.000 barriles/día, inferior al consumo local, y Bolivia compra 300.000 barriles mensuales de diesel a Venezuela. Según otro informe, elaborado por Ryder Scott, las reservas de gas de Bolivia se sitúan en 8,3 billones de pies cúbicos, cantidad muy inferior a los 26,7 billones que se creía tener. Aunque el reciente descubrimiento de reservas de gas natural en Incahuasi podría elevar las reservas un 30% y posibilitar que el país disponga de stocks hasta 2030 en lugar de hasta 2026, La Paz es consciente de que precisa inversión urgente para descubrir yacimientos.
Máxime cuando, además, el hallazgo de hidrocarburos en países vecinos entraña una amenaza para el gas boliviano, lo que obliga al país a ponerse las pilas y buscar con más ahínco si cabe inversiones para que sus campos gasistas sigan siendo atractivos. Los expertos destacan que el gas no convencional (shale gas y tight gas) hallado en Argentina y el presol brasileño se perfilan como futuras fuentes de energía de Latinoamérica y están llamadas a cambiar el juego gasista en la región, mientras que el gas boliviano, aunque aún tiene ventajas como el bajo riesgo geológico, puede quedarse atrás. Al menos a Evo Morales le queda el consuelo de que el Gas Natural Licuado (GNL), otro competidor del gas boliviano, tiene un futuro comprometido por su alto precio. Para la firma Wood Mackenzie el gas convencional de Bolivia sólo podrá seguir compitiendo si se invierte en hallar reservas y en impulsar la infraestructura de transporte. Así las cosas, Morales ha tenido que actuar.
Reembolso en 5-10 años
Los analistas juzgan que la decisión de reembolsar a las empresas privadas el 100% de la inversión realizada en exploración si hallan hidrocarburos en la prospección acometida es un paso en la dirección adecuada, pero juzgan que por sí sólo no bastará y señalan que La Paz se verá forzada a dar otros si quiere recobrar el interés del capital extranjero. Y en ello parece estar, aunque aún con dudas, el presidente Morales. El mandatario ya ha le ha visto las orejas al lobo y ha comenzado a resaltar la necesidad de que las petroleras no sólo recuperen sus inversiones, sino que tengan ganancias.
El encargado de anunciar el nuevo incentivo fue el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, quien aseguró que la mayoría de las petroleras que operan en el país acepta la propuesta, con la que se pretende espolear la inversión en exploración y estar en condiciones en el futuro de elevar la producción. Villegas explicó la medida de forma muy gráfica: "la inversión en exploración correrá por cuenta y riesgo de la empresa privada. Si la prospección tiene resultados negativos las perdidas serán asumidas exclusivamente por la compañía operadora. Si el resultado es positivo, YPFB se compromete a través de una Sociedad Anónima Mixta a devolver el 100% de la inversión realizada en la fase de exploración, y de hacerlo entre 5 y 10 años, algo que ha generado interés porque es muy raro que un país devuelva inversiones en tan poco tiempo, normalmente se hace a lo largo de la vida útil de un proyecto, durante más de 30 años".
Villegas, que prefirió destacar los "importantes beneficios" que este incentivo tienen para las empresas, omitió que con él, el Estado boliviano no arriesga nada, ya que actúa sobre seguro. Dejó claro, eso sí, que el plan no altera el modelo petrolero impuesto por la nacionalización, que privó a las transnacionales contratistas de la propiedad de la producción y las convirtió en proveedoras de servicios de YPFB. Y también que el plan de devolución inmediata de inversiones no se aplica a proyectos antiguos. Cabe recordar que los actuales contratos con las petroleras, resultado de la nacionalización, no obligan explícitamente a que las empresas inviertan en exploración.
Gran parte de los 1.814 millones de dólares que la industria de hidrocarburos de Bolivia (incluidos YPFB y las firmas extranjeras contratistas) invertirá este año se destinará a proyectos vinculados con el aumento a corto plazo de la producción de gas. La meta del Gobierno es elevar al menos de 45 a 70 millones de metros cúbicos diarios (mmcd) su producción de gas, que se exporta en gran parte a Argentina y Brasil.
Esta nueva estrategia, que contrasta con la anulación a inicios de 2010 de estímulos como un mayor precio interno para el barril de crudo y del Fondo de Incentivo Petrolero, podría ir más allá del reembolso de inversiones. Morales ha sugerido ya que a esa iniciativa para atraer a las empresas extranjeras podría seguirle una disposición que fijará un alza del pago a las empresas por barril de petróleo, hoy de sólo 10 dólares cuando en los mercados rebasa los 90. En Bolivia, el precio del barril está congelado en 27,11 dólares, montante del que se deducen un 2,48% por transporte y un 14,34% para el Impuesto Directo a Hidrocarburos, por lo que el margen para las petroleras es de 10,29 dólares.
Medida fracasada
Hace unos meses, el intento de elevar el precio que cobran las petroleras acabó mal. Tras argumentar que con los 27 dólares por barril que se paga a las transnacionales que operan en Bolivia éstas trabajan a pérdida y no tienen incentivos para invertir, Morales pretendió en diciembre de 2010 recortar el subsidio a los carburantes, en una medida que entrañaba un alza del 87% en los precios de los combustibles. Tras una ola de alzas de precios y protestas sociales contra lo que se denominó gasolinazo, Morales tuvo que anular la medida y señaló que YPFB estudiaría incentivos para acelerar exploraciones y subir la producción de crudo y gas.
Con este nuevo rumbo, Morales se distancia de las amenazas de intervención realizadas hace un tiempo hacia las petroleras que no invertían para aumentar la producción. Con todo, el mandatario boliviano no logra sustraerse a su tradicional discurso. Aunque acaba de pedir a las petroleras socias de YPFB invertir en exploración y ha ratificado que respetará esas inversiones ("queremos socios, no dueños de nuestros recursos naturales"), ha vuelto a advertir a las que "conspiren" contra el Gobierno, en un mensaje insistente que puede retraer el capital foráneo. Y es que Morales está convencido de que existen actuaciones contra su Gobierno y ha acusado a "algunas petroleras" de haber realizado "cálculos políticos" y apostado por su salida del cargo en 2008 cuando se sometió a referéndum revocatorio su mandato en medio de una grave crisis con la oposición política, que domina algunas regiones.
La presencia de Repsol
Al nuevo incentivo de retorno de inversión pueden acogerse todas las petroleras extranjeras presentes en Bolivia, entre las que están la española Repsol YPF (socia también del Estado en una empresa nacionalizada), Pluspetrol, Petrobras, TotalFinaElf y British Gas. De hecho, el anuncio llega apenas mes y medio después de que la argentina YPF, filial de Repsol, y la brasileña Petrobras firmaran acuerdos con YPFB para la exploración de hidrocarburos en seis áreas del sur. YPF, con Gazprom y Korea National Oil, son hoy las empresas más interesadas en buscar hidrocarburos líquidos.
Repsol es una de las petroleras más importantes en Bolivia, donde está presente desde 1995 y donde opera el 37% de las reservas de gas y el 39% de las petrolíferas y trabaja en 6 de los 9 departamentos. En actividades de upstream, Repsol tienen actualmente derechos mineros sobre 29 bloques en Bolivia, 4 de exploración, con una superficie de 6.749 km2, y 25 de desarrollo y explotación. La compañía invirtió en Bolivia 107 millones de dólares (78,8 millones de euros) para el desarrollo de campos en 2010. Y, de los 619 millones de dólares que la operadora invirtió en upstream a nivel mundial en el primer trimestre de 2011, 223 millones fueron destinados al desarrollo de campos y, de ese monto, un 13% en Bolivia. En 1999, y con la adquisición de YPF, Repsol se convirtió en propietaria de Andina, una de las empresas que surgió de la privatización de la boliviana YPFB. A partir de ahí la presencia de la multinacional española ha ido creciendo y actualmente produce y comercializa el 45% del gas licuado de petróleo del país.
Interés español en invertir
Y es que, pese a las dudas sobre el entorno empresarial y el clima inversor, las compañías españolas siguen interesadas en invertir en Bolivia. A comienzos de mayo, una misión comercial española, con representantes de 16 empresas, visitó el país en busca de nuevos mercados. El grueso de la misión estuvo compuesto por firmas de telecomunicaciones, construcción, tecnología de la información, electrodomésticos y servicios para el sector petrolero.
En la actualidad, una docena de firmas españolas, entre ellas la propia Repsol, Red Eléctrica, Iberdrola y Abertis, mantienen inversiones en Bolivia. Las empresas hispanas llevan presentes desde los 90 y España es el tercer país inversor en esa nación por detrás de EEUU y Brasil. A finales de ese decenio habían desembarcado en Bolivia Repsol YPF; Iberdrola (a través de dos filiales, Electropaz y Elfeo); Fenosa; Abertis y Aena (que a través de la sociedad Airport Concessions & Development Limited adquirieron la empresa boliviana SABSA y gestionan los tres grandes aeropuertos del país); Abengoa, BBVA, Banco Santander, Mapfre y Prisa. Pero el refuerzo de la presencia estatal en la economía decretado por Morales y el aumento de la percepción de cierta inseguridad jurídica, así como el incremento de los impuestos a las compañías y el establecimiento de leyes más estrictas al sector privado por el Gobierno del MAS, forzó a algunas a dejar el país. Una de las últimas que ha negociado su salida ha sido el BBVA, que tenía como filial a Previsión BBVA.
En el último informe sobre competitividad global publicado por el World Economic Forum, y en el que Bolivia sube del puesto 120 al 108 entre las 139 naciones analizadas, se señala que los cinco principales problemas para hacer negocios en Bolivia son, por este orden, el acceso a la financiación, una burocracia ineficiente, la corrupción, la inestabilidad política y unas regulaciones laborales restrictivas, factores negativos a los que los expertos añaden la inseguridad jurídica que provocan los recientes cambios normativos provocados por las nacionalizaciones. Bolivia, además, prepara para 2011 una nueva ley minera que reforzará el control estatal sobre esa industria y sustituirá un antiguo régimen de concesiones y arriendo a privados por contratos de servicios o de riesgo compartido. La minería es la segunda industria extractiva del país y este anuncio no ha causado precisamente tranquilidad a los inversores extranjeros.
Nota : Hidrocarburos Bolivia
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