para sustentar una administración que tienda a buscar y aplicar políticas que mejoren el nivel de enseñanza, la formación permanente del docente y el aporte al desarrollo regional y nacional.
Una autoridad asume el cargo con muchas expectativas, un plan a desarrollar en el tiempo que dure en el cargo, mejor si es institucionalizado porque tendrá un tiempo definido para aplicar sus perspectivas; pero una vez en el puesto, debe enfrentarse a la realidad que no es nada fácil.
En la historia del magisterio se han dado casos que las autoridades han sido elegidas en una asamblea general, con aval sindical y todo, posesionadas con pompa y sonaja, alegría de las bases y pare de contar. Pasado algún tiempo, dejado solo en su accionar, defenestrado luego, vilipendiado en otra reunión y decidido su renuncia. ¡Es que no defendió los intereses de los maestros! Se gritará en los pasillos de las escuelas, colegios y la administración del sistema.
Otra arista es que una autoridad se nombra desde el gobierno de turno. Sin más mérito que ser miembro activo del partido o la coalición. Su mandato radica en que debe trabajar por los colores de la tendencia política vigente, por lo tanto debe obedecer “militantemente” las instrucciones desde arriba y satisfacer las exigencias de “sus bases”, caso contrario “no está aportando al proyecto”. ¡Hay que sacarlo, no sirve para nuestros intereses…! Se recurre a llenar la hoja de renuncia firmada en blanco con anterioridad…y listo.
La situación es todavía peor cuando en el gobierno o la gobernación no existen colores políticos afines a la dirección sindical del magisterio ni del gobierno de turno; pero como la administración educativa está en el municipio, en el caso de las distritales, y de la prefectura (hoy gobernación), en el caso de las departamentales, entonces también hay que insistir en que la administración del sistema educativo obedezca a esa línea, si esto no es así, entonces hay que cerrar todas las puertas de coordinación.
Resumen: una autoridad educativa tiene tres amos: la dirección sindical, el gobierno central y las autoridades locales. ¿A quien servirá mejor? La Biblia dice que nadie puede tener dos amos, pues a ninguno agradará.
Así como están las cosas, ¿dónde queda la política educativa? ¿Estará la autoridad pensando en alcanzar la calidad en su administración? ¿Se mejora así la educación? ¿Dónde quedan los planes, desarrollo curricular, proyectos y gestión? ¿Sólo debe ser servil a todo? ¿Es suficiente ser tonto útil? ¿Se han mejorado los niveles educativos en el municipio, gobernación y el país? ¿Sólo debe dejar hacer y dejar pasar las exigencias de aquí y de allá? ¿Sólo es cuestión de interés personal?
La nueva ley de educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” determina las dependencias de línea de autoridad; pero falta la reglamentación, mientras tanto sigue vigente la antigua forma de poner y deponer autoridades.
Debe tenderse en que en cada municipio y gobernación departamental se cree un cuerpo colegiado de seguimiento, evaluación y validación permanente de la dirección educativa, sujeto a objetivos macro, de política real de educación, de resultados a corto, mediano y largo plazo, sobre todo, de consensos orientados a la calidad.
El en país nunca se ha podido lograr una política de Estado para la educación, intenciones sobran hacia la transparencia, pertinencia, servicio y otras inquietudes que se escriben en los planes estratégicos y otros; pero al final el sistema sigue siendo el mismo. El Cambio no llega.
Si se va a entender que la educación es in instrumento de lucha del pueblo, una conquista de la comunidad, entonces necesitamos verdaderos dirigentes y gestores, no sólo sus fiscalizadores, menos que estén supeditados a exigencias que no estén en el marco de lo determinado por el interés común.
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