Bolivia, La Paz 22 de agosto(elSistema.info).- Desde 2004, cuando fue promulgada la Ley de Promoción Económica 2685, de El Alto, sólo 29 empresas se asentaron en esa ciudad al amparo de sus beneficios tributarios. Otras nueve tramitan actualmente los descuentos que permite la norma.
Los expertos y autoridades alteñas consideran que la razón para que no existan más empresas en el marco de la Ley de Promoción Económica es la falta de información de los micro, medianos y grandes empresarios acerca de los beneficios que ofrece. Éstas se refieren principalmente a la exención impositiva por un plazo máximo de 10 años.
También aluden a que muchos empresarios prefieren la informalidad, pues estiman que el 50 por ciento de las 1.000 industrias registradas en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con asiento en la urbe alteña, no están inscritas en ninguna institución estatal ni gremial.
La Ley de Promoción Económica fue promulgada el 2004, durante la gestión municipal de José Luis Paredes. Sin embargo, sólo a partir del 2006 fue tomada en cuenta por los empresarios, según Yves Villazante, consultor economista, contratado por el Gobierno Municipal para explicar sus beneficios, en el marco de una campaña de promoción que busca revertir esta situación.
“Fueron tres empresas entre los años 2005 y 2006 que se acogieron a los beneficios de esta ley, pero con la característica de que los funcionarios ediles no tenían el conocimiento suficiente para aplicarla correctamente y brindar una información pormenorizada”.
Para las siguientes gestiones, entre el 2007 y el 2008, la cifra de empresas que se adhirieron a la ley es de ocho y se tuvo un alto en las inscripciones hasta el 2010. En este año se logró una mejor divulgación de las bondades de la norma y así se consiguió que otras 18 empresas se acojan a la Ley de Promoción Económica, con lo que actualmente son 29 las beneficiarias.
Otras nueve están en proceso de lograr los descuentos impositivos, con trámites iniciados en esta gestión ante la Oficialía de Promoción Económica de la Alcaldía. Debido a la poca cantidad de empresas que se asentaron en la urbe alteña, al amparo de los beneficios tributarios, el impacto económico producido por la norma es leve.
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