Germán Quiroz, abogado del general Veliz en la continuación de sus argumentaciones, manifestó ayer, que los bloqueos en 2003 respondían a acciones colectivas de los manifestantes que cerraron vías públicas afectando derechos de otras personas; de igual forma los operativos de los policías y militares eran colectivos, y no se identificó quién hizo los disparos de arma de fuego.
Quiroz señaló que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), que regula la actuación de los militares, no ha sido modificada después de los hechos luctuosos y ni los parlamentarios del MAS observaron esas disposiciones que, en su momento, habrían provocado el uso excesivo de la fuerza. Las instituciones defensoras de derechos humanos tampoco hicieron nada para modificar esa Ley.
Asimismo, dijo que el “Manual de uso de la fuerza” elaborado por el general Veliz cuando era Comandante, fue jerarquizado mediante Decreto por el ex presidente Carlos Mesa. “Nunca se demostró que es ilegal y el mismo presidente Evo Morales está con esa norma que regula el uso de la fuerza”, puntualizó.
Aclaró que quien se aparta de ese decreto es por responsabilidad personal no del Comandante. El Plan República que habría servido para los operativos de las Fuerzas Armadas en 2003, pese a haber sido denominado “criminal”, sigue en vigencia y los efectivos militares continúan saliendo a cumplir sus funciones legales con los fusiles Fal o M-16.
DECRETO POSTERIOR AL CONFLICTO
La anterior semana, el abogado Ariel Coronado, defensor de los ex ministros de Estado Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, ratificó que no existe ningún fallecido producto del Decreto Supremo 27209 que fue firmado por los ex ministros, que fueron acusados en autoría mediata por complicidad y homicidio; contrariamente a los supuestos autores de las muertes, también en autoría mediata, les acusan de genocidio; “no se puede tipificar un delito en el autor y otro en el cómplice”, puntualizó.
Asimismo, Coronado aclaró que las víctimas, durante ocho, años han pensado que Kuajara y Reyes Villa fueron causantes de las muertes de la “Guerra del Gas” al igual que el resto de los acusados de genocidio, pero la Fiscalía no logró demostrar eso y les acusó por firmar un Decreto para la intervención de las FFAA en el traslado de combustible de Senkata a La Paz donde hubo muertos, cuando dicha norma entró en vigencia después de los hechos, aseguró.
ACUSADO PIDIÓ SUSPENSIÓN
El abogado Pablo Ruiz, a nombre de su defendido, general Gonzalo Rocabado, pidió ayer al Tribunal de Juicio la suspensión de la audiencia el jueves y viernes de esta semana debido a que el ex jefe militar fue citado a otra audiencia, el 18 de agosto, en la ciudad de La Paz, por la supuesta destrucción de documentos de los hechos de septiembre y octubre de 2003; el Tribunal rechazó el pedido.
Ruiz dijo que el abogado de las víctimas de Octubre Negro, Rogelio Mayta, también se convirtió en querellante en el nuevo proceso contra Rocabado y tiene como su abogado particular al ex fiscal de Recursos que impulsó el caso Octubre Negro y actual candidato a magistrado del Tribunal Constitucional, Milton Mendoza.
Ruiz denunció que como la Fiscalía y las victimas no lograron convencer a este Tribunal de Juicio para la detención preventiva de su defendido, reactivaron otro proceso en un juzgado de La Paz, para intentar su detención.
Al respecto, el abogado Rogelio Mayta, manifestó que las víctimas, en su derecho, si tienen que “abrir 20 procesos lo harán”, y rechazó el pedido de suspensión de la audiencia calificándolo como dilatorio.
El general Rocabado calificó como una falta de lealtad de la Fiscalía y de la acusación particular por impulsar procesos paralelos “para tenerme aquí y tenerme allá”.
0 Comentarios