“Ante la experiencia que ha tenido Bolivia luego de retirarse del Ciadi (Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones) podemos afirmar que la seguridad jurídica estará garantizada para las inversiones extranjeras que se hagan en Venezuela”, afirmó Jorge Alvarado, embajador de La Paz en Caracas.
A principios de enero, el presidente de la República, Hugo Chávez, anunció el retiro de Venezuela del Ciadi y, por lo tanto, el país no reconocerá decisión alguna que proclame el organismo sobre la demanda que la empresa petrolera estadounidense Exxon Mobil presentó contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por la nacionalización de sus activos en 2007.
Una experiencia parecida a la venezolana fue vivida por el gobierno del presidente Evo Morales en el año 2007, cuando Bolivia decidió retirarse del Ciadi.
“Nosotros en Bolivia hemos tenido amargas experiencias con el Ciadi. Una de ellas se dio en el año 2000 cuando se realizó la guerra del agua y expulsamos a la empresa transnacional Aguas del Tunari”, refirió el embajador.
Indicó que la empresa transnacional Aguas del Tunari, que mantenía privatizada en Cochabamba el agua potable y servida, decidió demandar a Bolivia ante el Ciadi, “para poder dirimir las diferencias y exigir la subvención de las supuestas inversiones que había realizado en la ciudad, cuando en realidad no había hecho ninguna inversión”, refirió.
“Nosotros, como país soberano, como gobierno soberano e independiente, hemos estado tomando medidas de nacionalización de aquellas empresas que antes eran del Estado boliviano y que, como consecuencia del modelo económico neoliberal, fueron entregadas a las empresas transnacionales”, recordó.
Alvarado indicó que el tribunal compuesto por el Ciadi está integrado por “dos miembros del Banco Mundial y un tercer miembro que es representante de la empresa que acude al Ciadi”.
Por lo tanto, “siempre el tribunal saldrá defendiendo los intereses de la empresa privada y en ningún momento le dará la razón al país que está sufriendo los abusos y las extralimitaciones de esas empresas transnacionales”, dijo.
Alvarado destacó que las inversiones internacionales hechas en el país altiplano están protegidas por la Constitución nacional, al igual que sucede en Venezuela.
“Esa garantía ha mantenido en constante crecimiento la inversión privada, en por lo menos un 300%, en áreas como minería e hidrocarburos”, destacó.
Fuente : Noticias 24
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