La Paz -- Una delegación oficial de Bolivia viajará a Estados Unidos el próximo 7 de julio para presentar una segunda petición de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, informó el fiscal general boliviano, Ramiro Guerrero.
La máxima autoridad del Ministerio Público declaró a medios de la ciudad de Sucre que encabezará la misión para presentar el documento en el Departamento de Justicia, en Washington.
Guerrero dijo haberse puesto ya de acuerdo con el ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca, para que la misión viaje el 7 de julio y entregue la petición ese mismo día o al día siguiente.
Las autoridades bolivianas solicitarán la extradición de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y sus exministros del segundo mandato en las carteras de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.
Estas exautoridades están acusadas en Bolivia de los delitos de genocidio, en la modalidad de masacre sangrienta, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio, entre otros.
Los acusados deben responder en un juicio en Bolivia por su supuesta culpa en la muerte de más de 60 personas en septiembre y octubre de 2003, durante la represión contra los manifestantes que se oponían a un proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos por un puerto del norte de Chile.
Según Guerrero, la comisión estará formada también por representantes de los ministerios bolivianos de Exteriores y de Justicia y por familiares de las víctimas del caso “octubre negro”.
Dijo que a partir de ese instante, el bufete de abogados que ha sido contratado en EE.UU comenzará a trabajar con el propósito de concretar la extradición del exmandatario.
Tras las muertes, Sánchez de Lozada renunció a su cargo el 17 de octubre de 2003 y huyó a Estados Unidos, donde permanece desde entonces.
Por ese mismo caso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó en agosto de 2011 a dos exministros de Sánchez de Lozada y cinco exjefes militares de esa época a penas que van de tres a quince años de prisión.
Este juicio quedó en suspenso para el exmandatario y sus exministros hasta que se concreten los pedidos de extradición, debido a que la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
En mayo pasado, el juez estadounidense James Cohn encontró indicios “convincentes” para que avance una demanda contra Sánchez de Lozada por presuntas violaciones de los derechos humanos, que fue presentada por familiares de ocho de las víctimas del caso.
La defensa de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín apelaron este mes la decisión de Cohn para que no se permita seguir con la acción civil, que a la vez será respondida por los abogados acusadores en los siguientes días.
Esta será la segunda petición de extradición al respecto después de que la primera fuera rechazada por Estados Unidos en 2012.
Fuente : El Nuevo Herald
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