Con anuencia de los gobiernos de Santiago y Lima, Bolivia hará uso de su derecho de conocer el proceso que ambos países llevan adelante ante el Tribunal Internacional de La Haya, por una disputa irresuelta sobre la frontera marítima. Sin embargo, más allá de que los documentos de la demanda sean conocidos, desde Chile se ha revelado que la negociación bilateral tiene un plazo que concluye el 2013.
"Es una solicitud válida con el derecho que tienen los países miembros de las Naciones Unidas de solicitar información sobre cualquier causa sometida a la jurisdicción de la CIJ", declaró el canciller peruano, José Antonio García Belaunde, a la agencia de noticias Andina, un día después de que su homólogo chileno, Alfredo Moreno, expresó su conformidad frente al planteamiento boliviano.
Sin embargo, más allá de este asunto, lo que ha quedado evidente es que la posición expresada por el canciller David Choquehuanca, en la que no descartó que el Estado Boliviano vaya a acudir al Tribunal de La Haya, es parte de un razonamiento fundamentado en la Carta Magna.
Aquello quiere decir que si la demanda de acceso soberano al Pacífico no es resuelta, el Estado boliviano está en la obligación de acudir ante los organismos internacionales, según mandato de la Constitución Política del Estado vigente desde febrero de 2009.
El influyente diario La Tercera de Chile informó hoy que el presidente Sebastián Piñera, en una reunión con líderes de las organizaciones políticas, reveló que el escenario de negociaciones entre Bolivia y Chile se ha puesto complejo para el 2012, “año considerado clave por la diplomacia chilena”, señala el medio.
“Ese año, según les relató Piñera, vence el plazo establecido por el artículo 9° transitorio de la nueva Constitución de Bolivia, que establece que todos los acuerdos firmados por La Paz deben estar en línea con la Carta Magna. Esto inquieta a Chile, pues podría llevar a Morales a desahuciar el tratado limítrofe de 1929. La razón: la misma Constitución dice que se debe buscar una salida soberana al Pacífico”, argumenta el diario La Tercera.
En realidad, el asunto debería estar resuelto hasta fines del 2013, para cuando la gestión de Evo Morales cumpla cuatro años de elección, según explicó hoy el abogado Víctor Hugo Chávez, quien expuso que la Constitución Política del Estado obliga al gobierno de Morales a resolver la demanda marítima incluyendo el concepto de soberanía.
El artículo 267, parágrafo I, señala que “el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo.
“II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho marítimo constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.
En coincidencia con el presidente Piñera, el experto Víctor Hugo Chávez señala que el parágrafo II está condicionado a lo establecido en la Novena Disposición Transitoria de la CPE, que pone un plazo a las cuestiones internacionales pendientes.
“Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución:
En la reunión que sostuvo Piñera en La Moneda, el asunto fue considerado aún más sensible si se considera que el 2012, Cochabamba será sede de la Asamblea General de la OEA, donde las autoridades chilenas temen una ofensiva boliviana por el tema marítimo.
Los comentarios de los dirigentes políticos apuntaron desde el inicio a la decisión de Bolivia de pedir acceso al expediente del juicio entre Chile y Perú.
El diario La Razón de La Paz señaló que el cónsul general de Bolivia en Chile, Wálker San Miguel, habría pedido al Tribunal de La Haya el acceso al expediente del lío de sus vecinos. En La Paz no se dio información sobre el tema, pero el canciller, Alfredo Moreno, afirmó ayer que no hay “ningún inconveniente” para que se acceda a la información.
En La Moneda, según el diario La Tercera, el debate giró en torno a la estrategia chilena para afrontar este cuadro. Por ejemplo, “el senador del MAS, Alejandro Navarro, pidió a Piñera explícitamente ofrecer una alternativa de salida al mar a La Paz antes de que La Haya entregue su veredicto”.
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