La primera muestra, una vez más, de nuestra profunda incapacidad para establecer procesos de diálogo y concertación que permitan arribar a acuerdos de mutuo beneficio. Son más fuertes los intereses sectoriales, ideológicos y sectarios —cuando no personales— que los del bien común y a favor de la resolución pacífica de las controversias.
Una segunda es que con esta marcha se ratifica el centralismo que domina las mentes de los bolivianos, hombres y mujeres. Todo el discurso sobre las autonomías —incluida la indígena— queda en suspenso, pues las decisiones “de verdad” —en la mentalidad de autoridades y ciudadanía—sólo pueden darse en las alturas. Y, corresponde insistir, no se trata de una tendencia exclusiva de las autoridades, sino que está en la misma gente. De ahí que, a guisa de ejemplo, las redes de organizaciones no gubernamentales (ONG), que tienen activa participación en esta movilización, sólo emiten su posición en La Paz o marchan, en defensa del Tipnis, en esa ciudad, donde, por lo demás, no ha faltado alguna presunta defensora del medio ambiente que criticara muy suelta de cuerpo que Beni y Cochabamba quisieran comunicarse por carretera, si el departamento oriental ya se conectaba con La Paz y Santa Cruz.
Una tercera es que pese a las advertencias, el mal tratamiento que se ha dado al diálogo y la consulta sobre la construcción de la carretera Cochabamba-Beni, han permitido que se yuxtapongan intereses diversos —entre legítimos y otros no tanto— que impiden racionalizar el debate y, más bien, lo han polarizado al extremo. Así, entre la original actitud de soberbia que mostraron las autoridades con el propósito de doblegar voluntades, la radicalización de posiciones contrarias al proyecto carretero, el aprovechamiento de esta situación por parte de la oposición (como siempre ha sucedido), el debate sobre este emprendimiento se han reducido, una vez más, a la descalificación. Y concomitante con ésta, hay una cuarta connotación: la ausencia del debate de los sectores productores de Beni y Cochabamba que, junto con los pueblos indígenas asentados en el Tipnis, serán los más afectados (positiva o negativamente); han preferido resguardarse detrás de otros actores, generando, con esa actitud, justificadas susceptibilidades.
Ahora se abre un espacio de poco más de un mes para llegar a acuerdos y es de esperar que no se cometan los mismos errores de esta primera etapa y todos aportemos a que, como sugiere la Conferencia Episcopal de Boliviana, las partes involucradas establezcan “un diálogo sincero y constructivo, dentro del marco constitucional vigente, que logre articular la responsabilidad que tiene el Estado de impulsar el desarrollo nacional y los derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas, para encontrar una salida en un justo equilibrio de intereses legítimos”.
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