CIDH y OIT aceptan demanda contra Evo por carretera Beni–Cochabamba

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aceptaron las demandas interpuestas por la diputada de oposición Norma Piérola y la dirigencia indígena en contra del Estado por la vulneración de 17 artículos de la Convención 169, que establece el derecho de los pueblos indígenas.

"Estas dos demandas han sido aceptadas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado que se apliquen medidas cautelares que consisten en la paralización inmediata de este proyecto y el derecho de consulta previa que tienen que tener los pueblos indígenas originarios", informó Piérola en conferencia de prensa.

Según la asambleísta, aprovechando la participación del presidente Evo Morales en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará en New York, será notificado este miércoles en representación del Estado boliviano.

Piérola lamentó que el presidente prefiera realizar visitas de solidaridad a su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez y recibir una condecoración en Cuba en vez de dialogar con los indígenas que marchan desde el pasado lunes 15 de agosto en defensa de sus territorios y la preservación de su hábitat.

"El presidente Evo Morales prefiere dejar de lado este tema importante e irse, no sabemos si de vacaciones o de picnic a otros países, dejándolos colgados a los pueblos indígenas", manifestó Piérola al advertir que presentarán una nueva denuncia por las agresiones que sufren los marchistas de parte de la Policía y colonos de Yucumo.

Por otra parte, los indígenas enviaron una carta al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Denis Racicot para denunciar el "desarrollo de un proceso de consulta ilegal al Tipnis desde el 25 de septiembre".

Asimismo, la comisión de marcha envió cartas para que las iglesias, instituciones de derechos humanos, la sociedad civil, la prensa nacional e internacional acompañen el avance de la marcha pacífica y así sean testigos de la represión que pueda realizar los miembros policiales, colonos y militares a órdenes del Gobierno, a fin de impedir su paso hacia la ciudad de La Paz.

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