El conflicto por tierras en el predio Santagro cobró una víctima fatal. El enfrentamiento que hubo durante la mañana de ayer entre los trabajadores que buscaban cosechar la soya y los avasalladores que lo impedían provocó la muerte de una persona del municipio de San Pedro.
Desde Santagro manifestaron que el trabajo de aquí en adelante es tratar de recuperar algo de la soya, y exigir al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que cumpla con el requerimiento de fiscal para que ordene al Comando Departamental de Santa Cruz que envíe un contingente de uniformados para que se constituyan hasta la provincia Guarayos y refuercen a los pocos agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que están en dicho lugar, con el fin de devolver la paz a la zona y que capturen a los antisociales.
Según el reporte de Radio Audio Bosco, el fallecido fue identificado como Francisco Morales (46) de San Pedro, que sería miembro de la Federación de Interculturales, y sus familiares se negaban a entregar el cuerpo a la Policía.
Un nuevo capítulo de violencia comenzó la mañana del miércoles. Esta vez -explican que- ante la necesidad de generar algún ingreso económico, los dueños y trabajadores se aventuraron a ingresar a Santagro para realizar labores de cosecha. La idea no resultó bien, pues fueron obligados a dejar el lugar al ser atacados por los avasalladores.
Uber Zambrana, representante legal de Santagro, explicó que la situación económica de los trabajadores y propietarios es insostenible, debido a que la producción de las 1.800 hectáreas de soya ya está comprometida, además de que la empresa ya recibió líneas de crédito que deben empezar a pagar.
Ante este escenario, Zambrana indicó que no tuvieron otra opción que llegar al lugar, sin protección policial, para tratar de cosechar y recuperar algo de lo invertido. Pero la jornada de trabajo no salió como esperaban.
Pues luego de estar cosechando por un par de horas, alrededor de las 10:30 de la mañana de ayer un grupo de personas encapuchadas y con armas de grueso calibre salió desde las ‘cortinas rompeviento’ (árboles que protegen del viento a los cultivos) del predio y empezaron a disparar.
“En ese momento los trabajadores empezaron a correr en busca de protección. Los avasalladores de forma directa dispararon contra las diez cosechadoras que estaban desarrollando las tareas. “Buscaban dejarlas en mal estado. Por suerte pudimos sacarlas, porque cada una de ellas vale unos 200.000 dólares y no se las podía dejar en el lugar”, explicó Zambrana.
Sin embargo, un herido que fue trasladado al centro de salud Sagrado Corazón, del municipio de San Pedro, para luego ser llevado al hospital Alfonso Gumucio, de Montero, dio otra versión de los hechos y acusó a los propietarios de Santagro de llevar “pandilleros” para atacarlos y sacarlos del lugar.
“Íbamos a ayudar a nuestros compañeros que estaban tranquilos. La empresa Santagro llamó a ‘pandilleros’ y ahí nos metieron balacera. Nos corretearon y no sé cuántas personas salieron heridas. Apenas salí de ahí”, contó el herido a tiempo de asegurar que esa tierra no es de la empresa. Que ellos fueron sin ninguna maldad y que fueron atacados y ahora tiene nueve disparos en el cuerpo.
Se pudo saber que la persona herida, que forma parte del grupo de los interculturales, recibió disparos de perdigones.
Liderata Pérez, madre de uno de los presuntos avasalladores, exige a los propietarios que muestren documentos de los predios para que se puedan retirar del lugar: “Nuestros hijos están pidiendo 50 hectáreas nada más. No están pidiendo todo”, sostuvo.
Respecto a las personas heridas, Zambrana descartó que se trate de trabajadores de la empresa, sino que sería de los grupos de avasalladores que se enfrentaron por la disputa de tierras. Los mismos fueron trasladados al hospital de San Pedro, para luego ser llevados a Santa Cruz para que declaren ante un fiscal y proporcionen detalles sobre las actividades ilegales que realizan.
Una fuente del sector productivo, que pidió la reserva de su nombre, indicó que todo lo que está pasando obedece a una estrategia para sacar a los productores y asentar a interculturales y campesinos en Guarayos. “El Comando de la Policía no cumple un requerimiento del fiscal de Guarayos de hacer un operativo en el predio. Ante esa inacción los propietarios decidieron asumir el riesgo de ir a cosechar la soya, antes de que se eche a perder todo el cultivo y ahí fueron atacados”, dijo la fuente.
Sin respuesta
Ante este escenario, Zambrana remarcó que como productores se sienten indefensos contra este grupo delictivo que actúa impunemente con la certeza de que no van a ser sancionados, a tiempo de recordar que la anterior semana presentaron una solicitud de conminatoria al Ministerio Público, para que inste a la fuerza policial para ingresar al predio avasallado y aprehenda a los “cabecillas de estos grupos armados”.
Representantes de los pueblos indígenas de Guarayos pidieron que se desaloje a los que avasallan la TCO Guarayos y la propiedad Santagro.
Antonio Roca Abiyuna, secretario de Tierra y Territorio de Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), pidió a las autoridades que hagan cumplir la norma y se proteja a los pobladores del lugar.
“El predio Santagro está perjudicado por su cosecha, el ministerio avanza lentamente. Nosotros apoyamos la producción y si se pierde esa cosecha ¿quién va a responder?”, sostuvo Abiyuna.
Al respecto, Anicieto Vianchero, representante de los pueblos indígenas de Guarayos, indicó que hay varias comunidades indígenas que se encuentran avasalladas por los interculturales. “Tenemos varias denuncias ante la Fiscalía de Guarayos y no dan curso. Creo que como ellos son parte del Gobierno los dejan que avasallen todos los territorios que hay en Guarayos”, criticó.
En tanto que Abiyuna hizo conocer una carta del 7 de marzo de 2023 dirigida a Ismael Téllez, viceministro de Régimen Interior, al que se le pedía que desaloje de forma inmediata a los avasalladores de Santagro y se identificaba a Vicente Hoyisco y Elías Tejerina como los responsables de instar al ingreso violento, el 12 de febrero de 2023, al predio productivo.
Gustavo Pedraza, ex ministro de Desarrollo Sostenible y experto en temas agrarios, puntualizó que los avasallamientos de tierras en la provincia Guarayos tienen el amparo del poder político, y si no fuera así, no hubieran proliferado cada vez con mayor violencia.
“La impunidad es hija del poder político de quienes cometen el delito. La ecuación es simple: por la militancia y dirigencia de los interculturales del MAS se sienten con más poder que los policías, los fiscales y los jueces.En otras palabras, el MAS se cree dueño del Estado y manipula sus instituciones de acuerdo a los intereses de su militancia”, observó Pedraza.
Adrián Castedo, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), fue tajante el indicar que los conflictos de avasallamientos alejan las inversiones en el campo por lo que pidió a las autoridades que hagan cumplir la ley y se castigue a los que comenten estos abusos.
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