Expertos ven riesgo de mala administración, uso de los recursos para financiar el déficit y empresas estatales, elección política del directorio y falta de regulación autónoma. Piden un gobierno corporativo.
El colegio de profesionales, auditores y analistas advierten al menos tres riesgos en la administración de los fondos de pensiones a cargo de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y exigen fortalecer los mecanismos de fiscalización y control independiente para evitar malos manejos de los aportes de jubilación.
También consideran que debe permitirse la operación de una entidad privada para que exista competencia y que los trabajadores decidan dónde aportar.
La Gestora comenzará a operar el 15 de mayo de forma plena cuando empiece a recibir los trámites de jubilación, en medio de protestas de sectores sociales que piden participación en su administración.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, alertó que la primera observación tiene que ver con que la Gestora tendrá un directorio elegido de forma política por el Presidente y la fiscalización la realizará el Ministerio de Economía.
En segundo lugar, la Ley 065 señala que los recursos que administrará la Gestora podrán ser invertidos en empresas productivas. “La pregunta de fondo serán las 36 empresas productivas que ha creado el Gobierno y que no tienen estados financieros o empresas deficitarias que van a recibir los recursos”, dijo.
La tercera observación es cuál es el rol que juegan en la fiscalización de la Gestora los dueños de los recursos, un punto que no está claro para que la Gestora garantice una jubilación digna.
“Históricamente se conoce que el Estado es un mal pagador y administrador, por eso es que yo planteo un referendo en el que se consulte a los aportantes si están de acuerdo con la administración de la Gestora. Pero el gerente de la entidad dijo que eso no es posible”, puntualizó.
La preocupación es que 7.200 millones de dólares, un 28% de los aportes, están invertidos en bonos del Tesoro General de la Nación y un 3% en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB), y la Gestora no garantiza una buena administración y jubilación digna porque va a estar administrada por políticos.
“La Ley 065 fue aprobada el 10 de diciembre de 2010, por qué el Gobierno recién está apresurado para que todos los recursos pasen a la Gestora cuando tuvieron 10 años para hacerlo y transparentar la administración y buscar mecanismos idóneos de fiscalización. Esto es porque el Gobierno no tiene plata y está buscando meter la mano a los bolsillos de los trabajadores que aportaron toda su vida para una jubilación digna”, precisó.
El presidente de la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, Miguel Sorich, señaló que existe incertidumbre y desconfianza entre los aportantes por el manejo estatal de los aportes, porque el Estado es un mal administrador y están los ejemplos en las empresas públicas o en el pasado el Foccsap.
Además, el Gobierno será juez y parte, administrará, fiscalizará los recursos y elegirá al directorio de la institución.“Pero el principal riesgo es financiero. La probabilidad es que ante las grandes necesidades que tiene el Gobierno y el encarecimiento de las fuentes de crédito por la mala calificación de riesgo, ahora pueda emplear los recursos de los aportantes para financiar el déficit fiscal”, advirtió Sorich.
Ante las dudas que existen, dijo que el Gobierno debería evaluar la posibilidad de que junto a la Gestora exista otra entidad privada de pensiones para que los aportantes decidan dónde colocar su dinero y de esa manera exista competencia y se genere mayor rentabilidad y menores costos de administración.
Sorich cree que debe existir la apertura para que en la fiscalización y control de los recursos participen otras instituciones como organizaciones de jubilados, colegio de profesionales, pero no la Central Obrera Boliviana (COB), mano operativa del Órgano Ejecutivo.
El presidente del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de La Paz, Gregorio Calle, alertó sobre los riesgos de mala administración y posibles problemas que se puedan presentar la hora del vecimiento de títulos o bonos del Tesoro, recursos que son necesarios para ir cancelando las rentas de jubilación .
“La liquidez es clave, si vas a comprometer jubilaciones debes tener plata para pagar, pero si el Estado no tiene recursos para devolver a la Gestora, pueden existir problemas porque es parte de la estructura”, alertó.
Por eso el Colegio de Auditores considera que se necesita reglamentar y fijar controles para las inversiones, recuperación de la deuda y transparentar las reglas con que la Gestora administrará aportes.
También se debería dejar que colegios de profesionales y otros participen en el directorio y se conozca quiénes y qué perfil profesional tienen los directores y principales gerentes.
El analista Gonzalo Chávez planteó crear una segunda Gestora Pública y una institución privada que participe en el mercado y diseñar un gobierno corporativo de la Gestora, independiente de los políticos con participación de los interesados.
Gestora aclara que no habrá libre disponibilidad de recursos
El gerente de la Gestora, Mario Durán, rechazó las observaciones al trabajo de la institución y aclaró que no existe norma alguna que permita la libre disponibilidad de los recursos de los aportantes.
La Ley 065 de Pensiones señala en su artículo 6 que “cada uno de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones se constituye como un patrimonio autónomo y diverso del patrimonio de la entidad que los administra, son indivisos, imprescriptibles e inafectables por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie y sólo pueden disponerse de conformidad a la presente ley”.
Por tanto, explicó que los recursos sólo pueden usarse en inversiones a favor de los aportantes y la generación de pensiones para los jubilados.
Añadió que el Estado de Derecho permite que existan leyes y normas que son de estricto cumplimiento para todos los ciudadanos e instituciones, incluida la Gestora; por lo tanto, en ese marco legal los recursos de los jubilados y los aportes de los trabajadores están garantizados.
La institución pública comenzará operaciones plenas el 15 de mayo.
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