Han quedado en la lejanía las jornadas cívicas regionales que se desarrollaron en Santa Cruz en el proceso de lucha por la autonomía y que congregaron a miles de personas, o más propiamente, aquel cabildo del millón que le confirió mandato al prefecto Rubén Costas para convocar a un referéndum, y que hoy, le cuesta una acusación por malversación del dinero prefectural.
El movimiento cívico cruceño ha hecho historia desde que inició la lucha por la percepción de regalías petroleras, hasta el logro de elecciones para alcaldes. Actualmente junto con el Beni y Tarija enfrentan un reto de grandes dimensiones, porque en él está inmerso el voto popular que eligió a los gobernadores, ahora en peligro, pues en la Ley Transitoria de Autonomías, subyace una especie de persecución política contra estas autoridades y que terminará por alejarlos del cargo, al aplicar el artículo 8 que establece que las autoridades que tengan cargos pendientes tienen que someterse a un proceso, que las puede liberar de culpas o condenarlas con el alejamiento de la gobernación. Las manifestaciones de protesta organizadas en torno al otrora poderoso Comité Cívico y las huelgas de hambre, son mecanismos de presión, pero en las actuales circunstancias, parecen recursos no tan efectivos ante la fortaleza del aparato gubernamental, para imponer finalmente las leyes aprobadas por su mayoría en la Asamblea Legislativa, bajo el precepto manifestado en varias ocasiones, de lo que sí no se puede mediante la aplicación legal, se impone en las calles con los movimientos sociales. El movimiento cívico de Santa Cruz, Beni y Tarija, que son los otros dos departamentos donde peligran las cabezas de sus gobernadores electos, ha sido herido gravemente con una estrategia de desgaste aplicada desde el Gobierno y de división, mediante un plan que ha incursionado en diferentes niveles de la población, ganando adeptos para la causa del oficialismo. En Santa Cruz, el caso de terrorismo y el supuesto plan de separatismo que sindica a ex dirigentes cívicos, logias y ciudadanos, ha sido el golpe que ha debilitado al extremo, no sólo al comiteísmo, sino a diferentes sectores de influencia de la colectividad cruceña. Un movimiento cívico en estas circunstancias está en desventaja para llevar adelante manifestaciones y acciones de rechazo a las políticas gubernamentales. En el escenario legislativo, la presencia de la oposición está fragmentada y hasta el momento se percibe predisposición para asumir acciones conjuntas respecto a los grandes temas nacionales y en los cuales el oficialismo posee visiones claras para imponerlas. Lo correcto sería que los proyectos de leyes y las leyes mismas sean discutidas en el plano legislativo, pero esto es casi imposible, porque las propuestas de la oposición, muchas veces son apagadas con el griterío de los oficialistas. La negociación directa de las regiones que se sienten afectadas con los más altos niveles del Ejecutivo, sería una opción, con el poderoso argumento del respeto del voto popular y de la democracia, aunque ello, depende de la voluntad del Presidente.
Nota : Opinion |
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